Los Mapuche que están en conflicto con los Benetton por las tierras en Chubut radicaron en la fiscalía de Esquel una denuncia en su contra. Argumentan que un documento de 1890, esgrimido por el empresario para demostrar que es dueño del lugar, contiene un error que nunca fue subsanado por la Justicia.

Por Página/12

La bondad de Pablo Gorostiaga, un agrimensor de 1890, es el argumento más firme de la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque para resolver su conflicto con el grupo Benetton, propietario de 965 mil hectáreas del país. En Esquel, Chubut, los aborígenes denunciaron penalmente a la familia italiana por usurpación del territorio habitado por los Mapuche. La prueba del delito la esgrimen en el certificado que muestra la multinacional para demostrar que es dueña del predio. En ese documento, Gorostiaga afirma que mensuró de más las tierras que el Estado argentino regaló a Henry Rushton Rodgers, un inglés que se las vendió a la Compañía de Tierras del Sud Argentino, del grupo Benetton. Según la comunidad, este error centenario invalida el papel que los actuales poseedores presentan para desalojar a los mapuches.

El fiscal de Esquel, Eduardo Falco, tiene hasta el 2 de junio para aceptar o rechazar la denuncia. Si diera el sí, Luciano, Giuliana, Carlos y Gilberto Benetton recibirían una invitación de la Justicia argentina para asistir a una audiencia de conciliación con la comunidad. “Esperemos que no termine cajoneada, como muchas denuncias que hace el pueblo mapuche. Ante la Justicia son muchos nuestros obstáculos. No somos ingenuos, sabemos que enfrentamos una complicada acción en bloque por parte de políticos, jueces y fiscales que son ganaderos y latifundistas”, indicó Mauro Millán, domiciliado en la recuperada Santa Rosa.

“Ponemos a prueba el sistema democrático argentino, a ver qué tan imparcial es la Justicia. Pretendemos que la verdad histórica sea asumida por las instituciones del Estado que nos usurpó”, afirmó Millán.

Desde el 14 de febrero, cuando la comunidad volvió a instalarse junto a las montañas de Leleque, el camino legal solamente se les embarra. En abril, el juez de la causa, Omar Magallanes, opinó lo mismo que los abogados de Benetton y consideró justo prohibirles a los mapuches hacer fuego y construir casas en las 535 hectáreas discutidas. “Nos parece una medida totalmente inhumana –sostuvo Millán–. Ya estamos con temperaturas muy bajas, pero eso no va a quebrar nuestro ánimo de reinvindicar ese espacio como territorio mapuche. Como contracara de la actitud que tuvo el juez Magallanes tenemos la presencia de la gente común que siempre nos acompaña, alienta y legitima a través de la compañía que nos dan.”

Lamentablemente entre la “gente común” no cuentan los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEOP) de la policía de Chubut, porque días atrás habrían estado muy acompañados. Sucede que en la estancia Leleque, donde se desarrolla el conflicto, se entrenó durante algunas semanas el cuerpo de policías notables en artes represivas. Lo que trajo a la comunidad algunas noches de sueño liviano (ver aparte).

“A juicio de la comunidad, la usurpación está probada con los instrumentos que Benetton mostró en cada presentación: es una mensura fraudulenta realizada a fines del siglo pasado, incluida en todas sus presentaciones y hasta ahora nunca advertida por la Justicia. En ella, manifiestamente confiesa que se apropiaron ilegítimamente de 16.919 hectáreas de más de lo que le había concedido el Estado argentino”, explicó Fernando Kosovosky, abogado del Grupo Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), que representa a los mapuches.

En 1890, el Estado nacional pidió al agrimensor Gorostiaga que midiera 80 mil hectáreas en la zona de Leleque para regalárselas a míster Rushton Rodgers. Según la Ley de Colonización de ese momento, cuando el agrimensor se encontraba ante un accidente natural podía excederse hasta un 20 por ciento en sus mediciones. El 20 por ciento de 80 mil sería 16 mil. Con entusiasmo en su oficio, Gorostiaga mensuró 96.919 hectáreas, que el Estado donó. Al comprarlas la Compañía de Tierras, tendría que haber efectuado una nueva mensura, como cada vez que el suelo cambia de propietario. Pero nunca se hizo. Las 919 hectáreas de más figuran en el informe del agrimensor y en el título de Benetton. Ese error nunca fue observado, hasta ahora. Y puede significar la invalidación del documento que Benetton ostenta sobre el lugar.

En su informe, Gorostiaga también menciona “las tolderías y los caminos de indígenas” que encontraba mientras trabajaba. Menciona a los mapuches como si fueran parte del paisaje, o fauna autóctona, igual que “los guanacos y las avestruces que los indígenas aprovechan para su alimento”. Estas notas pueden ser otro elemento para que la comunidad pueda demostrar que los mapuches no llegaron al continente en barcos.

Millán contó que en la comunidad “estamos viviendo la entrada del invierno. Las cumbres de las montañas están blancas, hay lluvias permanentes. Estamos preparando el año nuevo mapuche, que llega en junio. Estamos esperanzados de que pronto podamos estar en paz y materializar nuestros proyectos colectivos”.

En un comunicado, los habitantes de Santa Rosa sostienen que “Bene-tton, sobre la base de un título ilegítimo e ilegal, se arroga la propiedad de las tierras donde nuestros abuelos fueron desalojados por la violencia, de donde somos originarios y donde nuestra cultura necesita existir y desarrollarse”.

Mapuche no, policías sí

“Intervención en situación de resistencia armada y circunstancia que involucra rehenes; brindar seguridad inmediata personal a autoridades o personalidades importantes durante un desplazamiento de las mismas; cobertura de seguridad en edificios públicos en casos especiales; intervención en situaciones que alteren gravemente el orden y la seguridad pública, poniendo en peligro la vida y los bienes de las personas; en todo hecho o situación similar que afecte gravemente el Orden Constitucional y la Seguridad Pública o estuviere en riesgo la integridad física de las personas.” Este es el ámbito de acción del Grupo Especial de Operaciones (GEOP) de la policía de Chubut. Sorprendida, la comunidad presenció los entrenamientos –demasiado cercanos para su gusto– de los efectivos en la estancia Leleque, del grupo Benetton. El jefe policial, comisario Juan Ale, dijo a El Diario de Madryn que la fuerza no está “intimidando a la comunidad aborigen. Desde hace años el GEOP utiliza esa zona para entrenar”. No detalló sobre la teoría y la práctica represiva estudiada ni habló sobre el convenio de la familia italiana con la policía. La comunidad hizo un pedido de informes al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, pero nunca recibió una respuesta.