El gobierno de Río Negro inició un juicio por la ilegalidad de la ocupación a Ricardo Flandes junto a Vitalicio Catalán quienes pasaron a ejercer la posesión del campo de 2500 hectáreas después del asesinato de la abuela Lucinda Quintupuray en enero de 1994. La justicia ordinaria de Bariloche dictó una sentencia de desalojo en 2007, el gobierno rionegrino -a través de la Dirección de Tierras y Colonias- debía llevar a cabo la orden del juez. La orden de desalojo no sólo no fue cumplida sino que además se oculta información, ya que no se explica por qué no se realizó hasta el momento este dictamen. Mientras tanto el crimen de la abuela Mapuche continúa sin esclarecerse.

Por C.A.I. Consejo. A. Indigena

Comunicado para la prensa

El CA.I. (Consejo A. Indígena), una de las organizaciones Mapuche, alerta a los peñi y lamngen de nuestro pueblo y a los sectores de la sociedad en general solidarios con nuestra lucha de una situación grave que se vive en el sudoeste de lo que es hoy la provincia de Río Negro.

En el Cañadón El Frío y en las dos márgenes de la naciente del arroyo Cuesta del Ternero, al comienzo del siglo XX se asentó la familia de José del Carmen Quintopuray y Filomena Anticura, junto a otros sobrevivientes de la guerra de exterminio que llevó a cabo el Estado Argentino buscando apropiarse de nuestro territorio.

Vivieron en ese espacio de nuestro territorio ancestral hasta que la ocupación fue interrumpida por el crimen de la lamngen Lucinda en enero de 1994, crimen que continúa sin esclarecerse.

En 1928 el peñi José del Carmen Quintupuray solicitó al Estado 2500 hectáreas en ese lugar, el que ocupaba desde varios años antes.

La ocupación se interrumpió con violencia con el asesinato de Lucinda, pasando a ejercer la posesión del lugar Ricardo Flandes junto a Vitalicio Catalán.

El gobierno de Río Negro les inició un juicio por la ilegalidad de la ocupación logrando que la justicia ordinaria de Bariloche dictara una sentencia de desalojo en septiembre de 2007.

El gobierno rionegrino -a través de la Dirección de Tierras y Colonias que conducen Daniel Tait y Jorge Belacin- debía llevar a cabo la orden del juez. La orden de desalojo no sólo no fue cumplida como lo denunció recientemente el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), institución del Estado que debe cuidar que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sino que además oculta información ya que no dice por qué no lo realizó hasta el momento.

Nuestra organización ha venido denunciando sistemáticamente a los gobiernos rionegrinos por su política racista y discriminatoria, incluyendo planteos en el plano internacional como el que realizamos ante la O.I .T. (Organización Internacional del Trabajo) a fines de 2006 por incumplimiento de la legislación vigente de reconocimiento de los pueblos preexistentes.

El avasallamiento de nuestros derechos reconocidos es constante, como lo demuestra la declaración pública realizada por la Dirección de Tierras el 1 de febrero de este año, cuando sostuvo que “restituirá la posesión (del campo de Lucinda) a sus legítimos herederos”, apelando a las figuras del Código Civil que no se aplican en el derecho indígena.

La aplicación de la ley de tierra 279 cuando se trata de territorio indígena es facilitarles las condiciones legales a inversores y personajes que especulan con las tierras, blanqueando muchas veces estafas, como hemos denunciado reiteradamente.

Si el gobierno provincial no restituye el espacio territorial a la cual pertenece legal y legítimamente violara una vez más la ley Integral del Indígena 2287, el artículo 75 de la Constitución Nacional y el convenio169 de la OIT.

El gobierno provincial tiene la gran responsabilidad de demostrar que no se ríe sobre la sangre de nuestros muertos.

El Wall Mapu es el espacio al que pertenecemos y el que nos seguirá dando la existencia como pueblo.

!!! MARICCI WEU MARICCI WEU ¡¡¡


C.A.I. Consejo. A. Indigena - Puel Mapu

El Bolsón, 28 de abril de 2008.