Ampliarán las comisarías de Bariloche para alojar detenidos

 El gobierno provincial relevará el estado de las comisarías de Bariloche para definir las obras de remodelación que requieren esos edificios para alojar personas detenidas. Es una de las alternativas que se acordó en una audiencia judicial para descomprimir la crisis por la superpoblación carcelaría que se vive en el Penal 3.

El juez de Ejecución Penal de esta ciudad Juan Martín Arroyo dijo que acordaron trabajar en el relevamiento de las unidades policiales durante una audiencia que se desarrolló el viernes por la mañana en Tribunales.

Arroyo convocó a la audiencia porque en su juzgado se tramita el hábeas corpus que los fiscales de Bariloche interpusieron a finales de marzo pasado por la crisis que existe en el Penal 3 a raíz de la superpoblación.

El secretario de Seguridad y Justicia de la provincia, Marcelo Esteves, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cecchini, fiscales, el defensor de ejecución penal Juan Pablo Laurence, la representante del Observatorio de Derechos Humanos Natalia Araya, el director del penal 3, Leandro Crespo, entre otros funcionarios, concurrieron a la audiencia.

Arroyo explicó este domingo que Cecchini, junto a un arquitecto de Obras Públicas harán mañana el relevamiento del estado de las comisarías y el espacio disponible que tienen para alojar detenidos.

Sostuvo que el miércoles conocerán los detalles y estimó que las obras deberían estar finalizadas en 45 a 60 días.

Aclaró que la idea es alojar en espacios dignos a detenidos, que esperan por la resolución de su situación procesal y que no pueden ser enviadas al Penal 3, porque no deben alojarse junto a personas condenadas o procesadas. Es una medida para descomprimir el hacinamiento que se vive en el penal. Hasta el viernes había 98 internos en la cárcel local. Un fallo del juez Martín Lozada ordenó a finales de 2012 que se podían alojar hasta 60 detenidos.

En la audiencia del viernes se acordó que se reanudarán los trabajos de remodelación del pabellón 1 del Penal 3, que están postergados desde el año pasado.

Arroyo dijo que los funcionarios de Provincia informaron que el gobierno tenía lista la orden de compra de las pulseras magnéticas que funcionan con GPS y conexión celular. Explicó que la idea es que las pulseras sean utilizadas en personas que tiene prisión preventiva o aquellos condenados que están con salidas transitorias o régimen de semilibertad.

El juez afirmó que con las pulseras se neutraliza la fuga porque el seguimiento es constante. Además, la persona durante el tiempo que está procesada no perdería su trabajo como ocurre hoy que son enviadas al penal y meses después son excarcelados, pero ya no tienen empleo.