Crece la resistencia a los plazos de la reforma procesal penal

 La comisión interpoderes de la provincia mantuvo ayer en esta ciudad una nueva reunión de trabajo para avanzar en la implementación del sistema penal acusatorio, que debería ser estrenado el 1 de marzo, pero una vez más quedaron en evidencia las dificultades para cumplir con ese mandato.

A las dudas de tipo presupuestario y de funcionamiento orgánico del Poder Judicial y de la Procuración, se sumó ayer el rechazo de la asociación que representa a los defensores públicos (Adepra), quienes se quejaron porque no se les permite participar en esa comisión.

Advirtieron que la reforma procesal penal obligará a redefinir la tarea de los defensores, quienes deberán adoptar “un rol proactivo que les permita intervenir en igualdad de armas con la acusación” y que sólo será posible “si no se encuentran sujetos a la ninguna injerencia de otros organismos”.

Esta postura ratifica la necesidad de desvincular a los defensores de la Procuración, de la que hoy dependen por vía jerárquica, al igual que los fiscales.

Alicia Morales, representante local de Adepra, explicó que la situación actual “es incompatible con la reforma”, pero advirtió que no hace falta cambiar la constitución provincial -como reclamó la procuradora Silvia Baquero Lazcano-, sino que “alcanza con una ley”. Dijo que en la Legislatura ya existe un proyecto presentado por la entidad que agrupa a los defensores.

Según Morales, por más que la constitución rionegrina en forma genérica los subordine a la procuradora “hay convenios internacionales que están por encima” y que garantizan la independencia funcional de los defensores.

Dijo también que Baquero Lazcano realiza por decisión propia una tutela directa de los defensores y llegó a imponer sanciones “que están recurridas en distintos tribunales”, mientras que su antecesora Liliana Piccinini (actual presidente del STJ) tenía un criterio opuesto y “no intervenía en la tarea de los defensores”.

En la reunión de ayer, realizada en el hotel Panamericano, participaron varios legisladores, representantes del Poder Judicial y de los colegios de abogados de toda la provincia. Pero no hubo presencia del Ejecutivo.

El debate se enredó en consideraciones menores sobre el borrador para una nueva ley orgánica del poder judicial, y el papel que le corresponderá a la Procuración. El traspaso de los laboratorios y “cuerpos científicos” fue uno de los temas evaluados.

El legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) alertó sobre lo estéril que resulta discutir esos puntos sin una definición de tipo presupuestario. Señaló por ejemplo que el poder judicial en Bariloche funciona hoy en el ex hotel Pilmaiquén, donde en menos de tres meses se deberían improvisar una docena de salas de audiencia “y nadie dice cómo”.