El Estado busca seguir reduciendo su participación en empresas

Con la inminente sanción del blanqueo impositivo, la iniciativa parlamentaria que le permitirá al gobierno nacional cumplir con los pagos de la millonaria deuda con los jubilados, el Poder Ejecutivo analiza, para una segunda etapa, generar modificaciones en las normas vigentes para desprenderse de más acciones que tiene el Estado a través de la Anses, denominado FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

En primer término, según comentaron fuentes del Ministerio de Hacienda, hay varias empresas interesadas en recomprar sus acciones, ya que hay que considerar que la ley de blanqueo y pago a jubilados permite que el Estado reduzca su participación actual del 12 por ciento a un siete por ciento.

“Ya hemos tenido algunos mensajes concretos de empresas que quieren recomprar esos porcentajes de los cuales el Estado podría desprenderse pero todavía es todo muy prematuro”, aseguró un importante funcionario del equipo económico.

Ayer, en medio del tembladeral que vivió el mercado local como consecuencia del éxito en Gran Bretaña en el plebiscito por la separación de la Unión Europea, surgieron insistentes rumores sobre determinadas empresas que estarían con esa idea ni bien sea sancionada la norma.

En el mercado financiero se mencionaban como más firme a las empresas Telecom, Petrobras Energía, Consultatio y se especuló que en el transcurso de los próximos días se conocerían por lo menos entre cinco y siete compañías más que estarían orientadas hacia la recompra de ese paquete accionario.

Hay que considerar que el monto estimado del paquete accionario que heredó la Anses de las ex AFJP se ubica en unos 80.000 millones de dólares.

Si bien en el Ministerio de Hacienda nadie quiere dar una cifra concreta de cuánto podría ser lo que obtendría el Estado, esencialmente porque se está analizando la posibilidad de ampliar el estrecho margen de venta de acciones del FGS que impone la norma de blanqueo que se trata en el Congreso. Como hay una ley anterior que fue elaborada por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que impone que para desprenderse de las acciones el Estado debería contar con dos tercios de aprobación parlamentaria. Se comenta que el próximo objetivo sería modificar esa norma y lograr que el desprendimiento de acciones se apruebe en el Congreso por mayoría simple.