El fatal accidente de la CEB sigue sin definiciones

 Este jueves un grupo de operarios de la Cooperativa de Electricidad Bariloche debe prestar declaración testimonial en la causa penal que investiga el accidente laboral que le costó la vida a Víctor Rodríguez y que tiene como principal imputado por homicidio culposo al capataz de la cuadrilla, Carlos Galvan.

Rodríguez murió el 25 de julio pasado, aplastado por un transformador que se precipitó a tierra cuando cedió el poste instalando en Esandi para su montaje. La trágica maniobra también provocó lesiones de distinta gravedad a otros cuatro operarios.

Mientras se sustancias las causas penal y laboral para determinar las responsabilidades sobre lo ocurrido, la CEB incorporó a la planta de personal al hermano menor de Rodríguez, que era sostén de su familia, mientras que otra hermana del infortunado operario ingresó a trabajar al SEAS.

También multiplicó los cursos de capacitación y comenzó a definir sus propios protocolos y mapas de riesgo que era uno de los reclamos reiterados por el gremio.

La acusación penal, impulsada por el fiscal Eduardo Fernández en base a las pericias judiciales y la información técnica suministrada por la CEB, fue rechazada por el gremio de Luz y Fuerza que también se opone al despido del trabajador anunciado por la patronal.

Galvan permanece separado de sus tareas con licencia psiquiátrica, pero sigue vinculado a la Cooperativa porque tiene fueros sindicales y aún no se define la demanda de exclusión de tutela impulsada por la patronal.

El titular de Luz y Fuerza en esta ciudad, Gabriela Prieto, confió a "DeBariloche" la semana pasada la Federación de Luz y Fuerza remitió a la Cámara del Trabajo los informes que detallan los protocolos de seguridad y mapas de riesgo utilizados por otras distribuidoras eléctricas del país.

"También Fundaluz envió un detalle de los cursos que dicta en el país, ambas cosas avalan nuestras denuncias sobre la falta de capacitación y medidas de seguridad", dijo Prieto que enfatizó que "la responsabilidad no puede estar en una sola persona y si la tuvo fue desde el desconocimiento, acá la obligación de capacitar es del empleador". El segundo capataz sancionado, Carlos Fernandez, no fue apartado de sus tareas pero también atraviesa un juicio por exclusión de tutela sindical, ya que es delegado del gremio.

El gremio exige la reincorporación de Galván a su puesto de trabajo y la orientación de la investigación penal hacia las responsabilidades que le caben a la Cooperativa por la falta de protocolos y medidas adecuadas de seguridad. "Acá el hilo se cortó por lo más delgado", sostuvo Prieto.

El gerente de la CEB, Federico Lutz, confirmó a este portal que el Consejo de Administración "no ha cambiado su criterio aplicado en 2014" sobre la responsabilidad de los jefes de cuadrilla y las sanciones dispuestas tras el accidente. "Se están manteniendo las acciones originales", enfatizó.

No obstante reconoció que se abrió un proceso de capacitación técnica que puso en revisión los procedimientos de trabajo para "mejorar todo lo que se pueda mejorar y alcanzar mayores estandares de seguridad".

Lutz eligió no confrontar con el gremio al que le reconoció la función de "alerta permanente" ante este tipo de situaciones y reconoció que "hubo una falencia estructura tan grave en el procedimiento" que terminó con el fatal accidente que "merece rever todas las políticas de la organización".

También aclaró que esa revisión no indica que "la situación al momento del accidente era anómala" pero que "las prácticas de hecho reclaman ser protocolizadas" y que por fuera de las responsabilidades que tiene que establecer la justicia "la CEB tiene que hacer las innovaciones y rever sus procedimientos".

El gerente destacó la predisposición del gremio, que acompañó el proceso de revisión y actualización de las prácticas operativas con una postura "sumamente inteligente".