Empresarios alertan sobre la parálisis en la obra pública

 El presente de las constructoras de Río Negro es "muy complicado" por su "desfinanciamiento", advirtiendo la posibilidad de la paralización de la obra pública.

El escenario fue evaluado antenoche por una veintena de representantes de empresas agrupadas en la Cámara de la Construcción, que preside Juan Castelli.

Estas firmas -que ocupan unas 3.500 trabajadores en construcciones públicas- reclaman más de 700 millones, de los cuales unos 650 millones se concentran en el Estado Nacional.

Castelli -rápidamente- equilibra y retira culpas del gobierno de Mauricio Macri, consciente de que ciertos atrasos se remontan a la gestión de Cristina Fernández. En relación a la provincia, el presidente dice no tener precisiones de los pagos pendientes, pero admite atrasos por unos 50 millones, incluyendo expedientes de redeterminación de costos.

700 millones reclama el sector. De ese total, 650 corresponden a Nación.
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Igualmente, la "mayor preocupación" está en la ejecución de las 3.167 viviendas del programa Techo Digno, basado en contratos con 15 municipios con financiamiento nacional. Estas unidades están distribuidas en 38 planes, pero restan los contratos de obras complementarias para cada barrio, de los cuales 17 están con resoluciones y el resto se encuentra en proceso de elaboración técnica.

En diálogo con "Río Negro", el presidente -acompañado por el secretario Guillermo Duymovich- diferenció dos aspectos de estas obras con los municipios. Primero: las complicaciones por la carencia de "una unidad de gestión" ante la Nación y la aparición de "distintas actitudes" que irán adoptando los jefes comunales frente a la urgencia de concluir esos planes. Segundo: el incierto financiamiento nacional para "los subprogramas", destinados a esas obras complementarias, que fueron comprometidos por la administración anterior a los municipios pero que todavía no tienen concreción por la falta de transferencias a los gobiernos locales o la ausencia de trámites formales para ejecutarlos.

Esos contratos pendientes representarían unos 600 millones. Castelli aclara que "no es deuda" sino que corresponde a esos subprogramas pendientes para completar esos barrios.

El empresario acepta que esos pagos "oxigenarían" financieramente a las constructoras, pero aclara que no logra "compensar" el desfasaje originado por los valores de cada vivienda. Recuerda la mayoría tienen montos de 317.000 pesos (firmados en el 2013) y llegan a los 500.000 pesos (los rubricados el año pasado) mientras que los valores actuales de la Cámara Nacional proyectan costos cercanos a los 770.000 pesos por unidad. Por su parte, el IPPV adjudicó el año pasado a 730.000 pesos.

"No es una presión y, además, la paralización no es buena para las empresas por el costo que después representa su reactivación" - Guillermo Duymovich, secretario de la Cámara.
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-¿Habrá paralización de la obra pública? -consultó "Río Negro".

-No se trata de una decisión de la Cámara y corresponde a cada empresa, pero es posible porque se están agotando todos los medios.