Fallo judicial abre debate sobre la deuda y financiamiento del Soyem

 Si bien el reclamo por un plus salarial aparece en la superficie de la puja entre el Soyem y el Gobierno municipal, una polémica más profunda subyace: el reclamo por la supuesta deuda de 9 millones de pesos, y la metodología de financiamiento del gremio en el futuro. Es que el intento de embargo de las cuentas municipales que realizó el sindicato, derivó en un fallo judicial que cuestionó la liquidación y legitimidad de la deuda, y abrió un debate sobre los recursos que recibe mensualmente el Soyem.
La resolución de la Cámara del Trabajo del 12 de noviembre pasado -a la que accedió ANB- rechaza el embargo por 9,2 millones intentado por el gremio por no cumplir con la legislación que obliga a la acreditación de pasivos en el registro judicial de deudas municipales (Rejum). Pero además cuestiona: “Llama la atención -señala la resolución- que, sin que se justifique peligro en la demora alguno, se pretenda el embargo de las cuentas municipales, en un trámite ejecutivo, con reserva de las actuaciones, por una suma de semejante magnitud que indudablemente afectaría el desempeño del Estado”.
El Juez Juan Alberto Lagomarsino fue más allá y desnudó la fragilidad de la deuda certificada por el gremio: “El documento presentado como título ejecutivo (…) carece de las formalidades mínimas como dar fe de su autenticidad, autoría y contenido”, dijo.
Es más, entre los componentes de esa deuda se incluyen otros conceptos que la Cámara del Trabajo cuestionó. “El origen material de la deuda que se pretende ejecutar, tampoco resulta claramente comprendido por la norma, desde el momento que refiere a una compensación de deuda por la compra de una fracción de terreno, entre otros conceptos que no se encuentran claramente determinados”, apuntó la resolución.
En la práctica, esta posición de la Justicia permitiría al Ejecutivo objetar la deuda integralmente. Actualmente la Secretaría de Hacienda transfiere 25 mil pesos diarios y 300 mil pesos por mes, para saldar ese compromiso. Sin embargo, el Centro Cívico ya analiza si, fallo judicial mediante, seguirá realizando los pagos o someterá ese cuestionado pasivo a la negociación con la conducción gremial.
El planteo de Lagomarsino en torno al embargo, está en consonancia con su posición -en minoría- en relación a la causa de fondo sobre el compromiso pendiente de pago. Señaló oportunamente que el sistema de liquidación de la deuda debe ser revisado, ya que no acredita fehacientemente el destino de los fondos recibidos por el Soyem. Es más, deja entrever la necesidad de dar una discusión sobre porqué el sindicato recibe recursos para la obra social, cuando no cuenta con ese servicio.
Actualmente el Soyem percibe un aporte equivalente al 1,5 por ciento del total de la masa salarial, más un 3 por ciento retenido sobre el sueldo de los trabajadores afiliados, con destino al financiamiento de la obra social. Sin embargo, el Soyem no tiene obra social. Los empleados municipales cuentan con el servicio del IPROSS gracias a un tercer aporte del Estado local, vía retención de la coparticipación.
Con este antecedente, fuentes cercanas a la Intendenta María Eugenia Martini ya hablan de una “caída de la deuda”, y la necesidad de “acordar una nueva metodología para realizar los aportes sindicales”.
Los próximos días serán clave para el debate en torno a la deuda y la forma de financiamiento del gremio de trabajadores municipales.