Feroz disputa por tierras culmina en pedido de condena por "falso testimonio"

 Poco a poco se va develando el último de los resabios de la polémica historia sobre la pelea por 40 hectáreas de Península San Pedro. Tras el fracaso definitivo del intento de usucapión sobre esos lotes, el próximo 4 agosto se conocerá el fallo en torno a una causa por falso testimonio, vinculado con un violento hecho ocurrido con la disputa de tierras como trasfondo.
El fiscal de Cámara Carlos López y el abogado representante de la querella Mario Altuna pidieron este mipercoles dos años de prisión en suspenso para Joel Contreras Bahamondes (51) y uno para su hijo Joel Maximiliano Contreras Velázquez (24), acusándolos de intentar involucrar a Juan Ymaz como partícipe del grupo comando que, en noviembre de 2009 los secuestró y golpeó.
A ambos se les atribuyó el delito de falso testimonio en relación a ese hecho ocurrido cuando un grupo de personas armadas los agredió a ambos y a su jefe, Rafael Boné. Fue precisamente Boné quien intentó a través de la figura de usucapión quedarse con la 40 hectáreas en la Península.
Altuna, abogado de Ymaz, remarcó que en el debate realizado entre el martes y miércoles quedó demostrado que los empleados de Boné “mintieron”, provocándole “perjuicios”. Sobre este punto, dijo al programa “En estos días” (XRadio, 101,7 del dial) que a raíz de la denuncia, su defendido sufrió en ese entonces el allanamiento de su vivienda y la posterior detención. Ymaz fue retirado de su domicilio esposado frente a integrantes de su familia, y quedó privado de su libertad durante dos días.
El abogado dijo que debido a la trascendencia mediática de este hecho, su protegido debió dejar de integrar del Consejo de Seguridad del que formaba parte. Destacó que sufrió una "condena social" que implicó “su muerte civil”.
El asesor letrado confió que los imputados registraron en el debate una serie de contradicciones a la hora de sostener la denuncia. “Dijeron que lo escucharon (cuando fueron golpeados) y antes habían dicho que lo vieron”, sostuvo.
Aseguró que Ymaz demostró ante el Tribuna que en el momento de los ataques se encontraba en otro lugar de la ciudad. Transacciones bancarias, registros fílmicos de un banco y el diálogo mantenido con un comerciante, fueron algunas de las pruebas presentadas por la querella.
El escandaloso intento de Boné -quien quedó desvinculado de la causa-, de apropiarse de 40 hectáreas en la Península San Pedro fue definitivamente enterrado a fines del año pasado. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó el fallo de la Cámara de Apelaciones que en 2012 objetó la resolución del juez Civil Jorge Serra, quien -a pesar de todas las pruebas en contra- había avalado la acción de usucapión sobre las tierras en disputa.
Esta resolución motivó la devolución de los lotes a sus antiguos propietarios, integrantes de la firma “Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL”, quienes adquirieron las tierras en la década del '50, en muchos casos sin conocer el lugar ni saber lo que compraron.
La ausencia de ejercicio posesorio por parte de los propietarios animó a Boné a ocupar los lotes y logró el aval de Serra, en una causa que levantó sospechas entre los vecinos. Es que en la práctica, Boné no concretó el pago de impuestos sobre los terrenos, no notificó a Urbanizadora Parque Entre Lagos, ni produjo mejoras considerables, tal como establece la ley.
El 31 de enero de 2010, ANB hizo público el violento conflicto por las tierras, que incluyó innumerables enfrentamientos entre Boné y sus vecinos. Un tercer actor se sumó a la pelea por los lotes: empresarios y abogados de la ciudad participaron de un amañado remate para hacerse de terrenos con costa de lago (ver notas aparte).
En ese marco, se produjo la irrupción del grupo comando que secuestró y golpeó a Boné y los Contreras. Por ese hecho, fue procesado, en mayo de 2012, Cristian Aquino, cabecilla del grupo. El juez Martín Lozada dio por cierto que el ex integrante del Ejército lideró el comando que -vestido con ropas y provisto de armas militares- “privó de su libertad, golpeó y sustrajo efectos” de tres personas. Además, dictó la prisión preventiva. Tras esta medida, Aquino escapó y todavía continúa prófugo de la Justicia.
En torno a la causa por el supuesto falso testimonio, está previsto que los jueces de la Cámara Criminal Primera dicten la resolución el 4 de agosto. “Lo que sucedió ha sido bochornoso. Una patraña”, sentenció Altuna. (ANB)