La compleja negociación sobre la continuidad de CAPSA en Catedral

 Como implica un gran negocio, el manejo del cerro Catedral es históricamente conflictivo.
Lejos quedó la división del cerro en dos concesiones, los litigios de Graciela Robles con la provincia, Ladera Sur, Ski World, el fallecido Alberto Lamota, el fallecido Willy Reynal, la convocatoria de acreedores de Catedral Alta Patagonia (CAPSA), Juan Cruz Varela, el fallecido ex gobernador Pablo Verani y el ex gobernador Miguel Saiz, el traspaso del área de la provincia a Bariloche (que sólo CAPSA desconoce) y otros ruidos.
La actual concesión nació en 1994 y luego de una revisión, que manejó Verani y firmó Saiz, en 2004 se extendió hasta 2025, con diversos requisitos. Entre ellos, un plan de inversiones que la concesionaria ya cumplió, 10 años antes del vencimiento del contrato.
Por ello, tanto CAPSA como el gobierno provincial y el municipal, además del empresariado del cerro y todo el que se arrima a opinar con alguna autoridad, coinciden en que la concesión debe ser rediscutida cuanto antes.
En el medio, la jurisdicción total pasó a manos de la Municipalidad por ley, debidamente reglamentada.
Contra lo dispuesto por el Estado y el sistema democrático, la concesionaria entabló una demanda judicial y se niega a reconocer la autoridad municipal, aunque a regañadientes acepta algunas cosas (regulación del ente autárquico municipal, tasas y derechos) y se ve obligada a cumplir con sanciones.
Hoy CAPSA quiere una renovación del contrato, para lo que impulsó una iniciativa privada (que le da una pequeña ventaja en una licitación), con una propuesta de inversión de 50 millones de dólares y con el desarrollo de un cuantioso negocio inmobiliario como eje.
El intendente Gustavo Gennuso recibió con beneplácito la iniciativa. Conformó una comisión de iniciativa privada (definida en la Carta Orgánica), con tres representantes del Ejecutivo (los secretrarios Jorge Ruival Carlos Beros, y la asesora legal Natacha Vazquez), y le cedió el cargo del concejal a la oposición: el edil Ramón Chiocconi.
Con las cartas sobre la mesa, hacen como que pelean.
CAPSA se retrasa en el pago de tasas por casi 3 millones de pesos –un vuelto para la concesionaria-, no levanta la demanda judicial y presenta inconvenientes de temporada (como disposiciones irritantes para los usuarios, como el uso de la playa de estacionamiento).
Gennuso reclama públicamente el pago de la deuda –técnicamente no exigible-, va y vuelve con disposiciones viales para enmarañar las decisiones de CAPSA, y usa su programa radial semanal de contacto con el vecino para quejarse de la concesionaria.
“Nos preguntamos en esta iniciativa privada si esta es la empresa que debe seguir. El servicio es malo, es lamentable la cantidad de turistas que vinieron a quejarse a la Oficina de Defensa del Consumidor y también al Centro Cívico. Vamos a poner la cara por Bariloche pero no por los malos prestadores de servicios”, afirmó en Radio Seis, pidiendo mejor respuesta de la empresa.
Es una chicana, no un reto como el que un intendente puede hacerle a una concesionaria.
Además, manda al EAMCEC a sancionar a la empresa por las colas y la presunta mala atención al pasajero. Medidas superficiales.
Tras bambalinas, el gobernador Alberto Weretilneck, de sociedad estratégica con Vía Bariloche (dueña de CAPSA) desde que era intendente de Cipolletti, expresa apoyo a Gennuso y dice que la decisión definitiva es de Bariloche.
Sorprendió Hugo de Barba, titular de la cámara empresarial turística (los empresarios del centro siempre fueron recelosos de los de la montaña), diciendo que el cerro no es para diversión de los barilochenses sino para trabajar.
No sorprendió por lo rudimentario de sus palabras, sino porque no es usual que los del centro formen con los del cerro. Y menos que los empresarios de abajo hablen para el gusto de los de arriba.
Es en definitiva la misma pelea que la ciudad ve desde hace casi 30 años, sin intervenir. Con el cerro en manos de la Nación, la provincia y ahora de la ciudad. (Económicas Bariloche)