La Justicia anuló contratación directa de agrimensores

 El Estado provincial perdió el juicio iniciado hace diez años por un grupo de agrimensores de Bariloche y de El Bolsón que se consideraron discriminados por una contratación directa para realizar la mensura de enormes extensiones de tierra fiscal.
El convenio que firmó en noviembre de 2004 el entonces ministro de Producción, Juan Accatino, le concedió al Colegio de Agrimensores el derecho de seleccionar a los profesionales para mensurar un total de 4,5 millones de hectáreas. Para adjudicarse parte del encargo, los interesados debían ceder el 20% de sus honorarios.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ya había suspendido en forma cautelar los términos del controvertido acuerdo y mediante un fallo emitido el último 10 de octubre dictó la nulidad definitiva de la resolución de Accatino.
El argumento central de los denunciantes que fue convalidado por el Tribunal es que el Estado provincial debió convocar a una licitación o un concurso público de oposición y antecedentes para asignar los trabajos de mensura.
Los jueces observaron que delegar los concursos en una entidad privada de afiliación voluntaria (como lo es el Colegio de Agrimensores) carece de transparencia y excluye en forma "arbitraria" los profesionales ajenos a esa entidad.
Los trece denunciantes explicaron que la colegiación obligatoria de los agrimensores está asignada por ley al Consejo Profesional de Ingeniería, Agrimensura y Técnicos de la provincia. Y que el colegio es apenas "una entidad gremial".
El fallo dictado por unanimidad lleva la firma de los jueces Emilio Riat, Carlos Cuéllar y Rubén Marigo. En su parte resolutiva anula la resolución del ministerio e impone a la provincia y al Colegio de Agrimensores las costas y los honorarios del proceso. Sólo en remuneración a los abogados deberán pagar 52 mil pesos más los adicionales de ley.
Uno de los accionantes, Julio Posse, dijo que la provincia debería recuperar también el dinero que adelantó al Colegio de Agrimensores como un primer pago por el convenio ahora anulado.
Dijo que las irregularidades en las que incurrió el gobierno radical en el manejo de las tierras fiscales fueron revertidas por el actual, pero lamentó que hoy esté "todo paralizado". Aseguró que por los casos escandalosos de venta de tierra fiscal a empresarios e inmobiliarias, hoy ya no se realizan mensuras "lo cual perjudica mucho a la gente humilde que viven en esos campos y desde hace décadas esperan por sus títulos".
La sentencia que impugnó lo actuado por Accatino y por los funcionarios de Tierras subrayó que no había motivo alguno para eludir la licitación pública, ya que el millonario monto involucrado en el contrato resultaba "muy superior al máximo de la licitación privada".
El juez Marigo dijo en su voto que el privilegio concedido al Colegio de Agrimensores no garantizaba la debida amplitud y la transparencia del concurso. Consideró que en el juicio quedaron probados "graves vicios o irregularidades en el proceso de la creación del convenio, que afectaron el derecho constitucional a trabajar y la igualdad ante la ley".