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Martínez usó información tributaria para manipular elección vecinal

 Federico Martínez no sólo habría utilizado información tributaria privilegiada para forzar el remate de un valioso terreno en el oeste de la ciudad, sino que se valió de datos privados y personales para intentar impugnar a contendientes en la elección de la Junta Vecinal del barrio Península San Pedro, que se realizó el pasado 30 de marzo.
La irregularidad aún no salió a la luz, y se visibiliza ahora, tras la denuncia contra Martínez por la supuesta defraudación con el terreno.
Según pudo saber ANB, el ahora apartado Delegado de la Agencia de Recaudación Tributaria -ex Rentas- en Bariloche, utilizó información de la situación tributaria municipal (Tasa por Servicios) y provincial (Impuesto Inmobiliario) de los integrantes de la Lista 2 de la Junta Vecinal del barrio Península San Pedro. Martínez era candidato a Presidente de esa Junta por la Lista 1.
Los datos fueron aportados por el funcionario provincial a la Junta Electoral Municipal de Bariloche, según el expediente 003-JEM-14.
La maniobra no bastó a Martínez para ganar la elección, pero tensó la relación entre los vecinos del barrio, y generó pedidos formales de respuestas al Municipio y la Provincia.
A fines de marzo, integrantes de la Junta Vecinal pidieron a Hacienda Municipal “indagar e investigar” a Martínez, por haber “accedido a los estados de cuenta de Impuestos y Tasas municipales de vecinos y candidatos de la lista 2”.
“Dicha información la Municipalidad la brinda sólo a los dueños de los terrenos, por tal, entendemos que en la Secretaría que está a su cargo a existido una fuerte irregularidad”, plantearon al ahora ex Secretario del área, Ariel Gomis.
La respuesta oficial no se hizo esperar y es lapidaria para Martínez. Gomis aseguró que Martínez utilizó información “sin aval o conocimiento” de la Municipalidad.
El titular de Rentas en Barioche se valió de un convenio firmado entre la municipalidad y la Agencia de Recaudación Tributaria, que establece como una obligación mutua el intercambio de información en materia catastral. Ese mismo documento aclara que debe “respetarse la confidencialidad” sobre los datos.
“Por lo tanto la presentación realizada por el Director de la Agencia de Recaudación Tributaria fue sin el aval o conocimiento de esta Municipalidad”, concluye la respuesta de Hacienda, a la que accedió ANB.
La maniobra podría engrosar el sumario interno abierto contra Martínez en la Agencia de Recaudación, ya que los vecinos informarán la irregularidad al propio ministro de Hacienda provincial, Alejandro Palmieri.
Para los vecinos, “Martínez ha utilizado información del organismo público para uso y beneficio propio”, dando “claras muestras que ha incurrido, como mínimo, en incumplimiento de sus funciones, desprestigiando las instituciones públicas que obran en beneficio del bien común”.
Por otra parte, si bien el Gobernador Alberto Weretilneck por un lado desplazó al Delegado de Rentas en Bariloche, Federico Martínez, por supuesta defraudación en el envío a remate de un valioso terreno; por el otro argumentó a favor del proceso administrativo que finalizó con la subasta. Tal como reveló ANB, el comprador del lote de 1850 metros cuadrados, con costa de lago, en la Península San Pedro, y valuado en unos 200 mil dólares, fue el suegro de Martínez, agrimensor Agustín Luis Tello, mientras que la persona que puso el dinero -pero no reclamó la potestad sobre el terreno- fue la madre del funcionario ahora apartado, María Cristina Medus Rosenbrock.
Weretilneck aseguró a ANB que el propietario del terreno era un “incumplidor sistemático”, y arriesgó que la deuda por Impuesto Inmobiliario “ronda los 30 mil pesos”. El “proceso administrativo del remate, desde el punto de vita de la Agencia de Recaudación Tributaria, es absolutamente normal”, señaló el Gobernador.
Sin embargo, el propietario del lote consideró en diálogo con ANB que Weretilneck “está mal informado, mal asesorado”, en torno a este tema, ya que “la ejecución fiscal fue por 5.537 pesos”, lejos de los 30 mil planteados por el mandatario. Además, esa medida administrativa se tomó en mayo de 2011, un mes antes que erupcionara el volcán Puyehue, lo cual provocó que una batería de normativas nacionales y provinciales suspendiera el inicio y prosecución de ejecuciones fiscales. El expediente siguió su curso, y en junio de 2013 la Agencia de Recaudación Tributaria forzó el remate, sin que, según consta en la denuncia penal, se cumpliera con la notificación correspondiente a los propietarios y, por ende, se les permitiera cancelar la deuda.
“Lo que plantea Weretilneck es una falacia. Si así fuera que somos incumplidores sistemáticos tendríamos que haber sido notificados para poder pagar”, explicó Jarsun.
Otros datos contradicen lo dicho por el Gobernador. Según pudo determinar ANB, el embargo trabado por Rentas sobre el lote en el Registro de la Propiedad Inmueble tenía vencimiento en 2016, con lo cual el sumario interno que se tramita en el organismo recaudador deberá también determinar la actuación el abogado de la Agencia de Recaudación, Gustavo Fernández, quien en definitiva avaló el proceso.
La denuncia penal contra Martínez -además de Agustín Luis Tello, Mariela Tello, esposa de Martínez, y Susana López, compradora final del lote- se inició por las figuras de “defraudación”, “asociación ilícita”, “negociación incompatible con la función pública”, y “enriquecimiento ilícito”. La investigación que lleve adelante la Justicia podría alcanzar a lo sucedido con otros terrenos en condiciones similares.

 


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