Martini quiere un rol fuerte del Estado en el puerto

 Rodeada por una veintena de funcionarios y con un escenario de abandono en el predio del puerto San Carlos, la intendenta María Eugenia Martini descartó una nueva concesión y dijo que pretende un "Estado fuerte" en esa área con una explotación que podría ser mixta y con la posibilidad de reflotar la premisa de un puerto navegable.

Las obras que se requieren para concretar el dragado y posibilitar que las embarcaciones turísticas ingresen al puerto de la Costanera, ubicado al pie del Centro Cívico, serían costosas y se sumarán a otras tareas de mejoramiento de la infraestructura actual que cuenta con un edificio central y un restaurante con costa de lago.

Para eso la intendenta dijo que se buscará financiamiento del Gobierno nacional y también de los privados, para elaborar y ejecutar un proyecto integral en el puerto San Carlos que podría retomar la excursión lacustre a la Isla Huemul, el amarre de embarcaciones chicas y otras actividades náuticas.

Martini dijo que todavía no hay un trámite de financiamiento en marcha pero ante el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordena a Emprendimientos Bariloche el desalojo y la restitución del puerto al municipio, se iniciarán los trabajos para elaborar un proyecto y un posible concurso de ideas.

La definición clara del proyecto futuro es que no habrá concesión a privados sino una gestión mixta y negó que se piense en un desarrollo inmobiliario para ese sector.

La intendenta confió que en las próximas semanas se tomará posesión del lugar y apeló -como lo dijo ayer a "DeBariloche"- a que la empresa entregue el predio de manera voluntaria. "Esperamos que no hagan que tengamos que usar la fuerza pública" dijo rodeada por su gabinete, los concejales del Frente para la Victoria y el legislador y exintendente César Miguel.

Martini señaló que "estos empresarios ya perdieron" y aunque apelen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deberán entregar el puerto al municipio porque el fallo provincial no tiene efectos suspensivos.

"Este proceso es hacer valer el interés colectivo por sobre los particulares", enfatizó la intendenta que reiteró que la orden de restitución es un "hecho histórico" y lamentó que gestiones anteriores "se hayan dejado amilanar por el sector empresario" y no hayan actuado antes.

El Gobierno municipal el 2013 inició un proceso Civil para exigir el desalojo y restitución del puerto concesionado a 25 años, por una serie de incumplimientos de la empresa Emprendimientos Bariloche S.A, a quien se le acusa de no haber realizado las inversiones comprometidas, adeudar un canon cercano a los 2,5 millones de pesos y no realizar tareas de mantenimiento.

Emprendimientos Bariloche, una sociedad anónima que integran varios empresarios de la ciudad cuya cara visible ha sido la familia Arroyo y su actual presidente Pedro Sisa, apeló la demanda del municipio en varias instancias hasta llegar al STJ que ratificó el desalojo y le dio la razón a la comuna.