Miguel Saiz llegará a juicio oral

 VIEDMA (AV).- El procesamiento contra el exgobernador Miguel Saiz por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el recurso de queja interpuesto por el defensor del exmandatario Miguel Cardella.

El STJ se hizo eco de la sentencia de la Sala B de la Cámara Criminal que rechazó la apelación. Además, se declaró inadmisible el recurso de casación por lo que Cardella intentó ir en queja, lo cual tampoco fue aceptado "por no tratarse de una sentencia definitiva ni un auto que ponga fin a la acción o a la pena, o haga imposible que continúe o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

El juez Ricardo Apcarian, autor del voto rector, consideró que "la confirmación del procesamiento del imputado, sobre quien no pesa medida cautelar alguna que restrinja severamente su libertad, sólo constituye una declaración jurisdiccional de su presunta culpabilidad como autor o partícipe de un delito y, en esos términos resulta susceptible de revocación o modificación ulterior aun de oficio por lo que no puede ser conceptuada como una resolución equiparable a definitiva", carencia que "se hace insalvable para habilitar el recurso extraordinario de casación".

Los jueces Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui coincidieron, mientras que Liliana Piccinini y Sergio Barotto se abstuvieron.

La Cámara Criminal, cuando ratificó el procesamiento de Saiz en marzo pasado compartió con el juez instructor Favio Igoldi, quien al procesar al exgobernador sostuvo que debía haber solicitado la "correspondiente prevención sumaria" de la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública (ley 3550) por parte del secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Gabriel Savini porque "estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas" ya que además se desempeñaba como Presidente del Directorio de Edhipsa".

Por haber perpetrado esa conducta presuntamente delictiva lo había denunciado la ex defensora del Pueblo Ana Piccinini.

Los camaristas indicaron que la denuncia de Piccinini "se encuentra fundada y era obligación" de Saiz, como gobernador, "iniciar la investigación sumaria". Era su obligación promover la investigación y desestimó que la legislación lo "faculta al examen previo de admisibilidad". Se focaliza en que el gobernador rechazó inmediatamente la petición de Piccinini o, "mejor dicho", sin poner en marcha su funcionamiento, sin cumplir el trámite que la propia ley prevé". Aclara que la denunciante "formula una denuncia, no pide nada de la administración, no es el trámite administrativo ortodoxo, sino que pone o debió poner en marcha, un proceso investigativo. Esa denuncia llevaba consigo la obligación que no se ha cumplido".