Multisectorial pidió "voluntad política" para resolver los crímenes de 2010

 En el marco de la sesión ordinaria que se realizó en el barrio El Progreso, miembros de la Multisectorial contra la Represión Policial hicieron uso de la Banca del Vecino para dar a conocer el estado de la causa en la que se investigan los crímenes del 17 y 18 de junio de 2010. Afirmaron que se encuentra "paralizada", y exigieron a los concejales se involucren a fin de que se haga justicia por los tres jóvenes asesinados.

Allí solicitaron a los ediles que promuevan la investigación, detención y pase a disponibilidad de todos los policías identificados que dispararon balas de acero durante esos días; que se de inicio a la investigación sobre las causas que tiene a su cargo el Juez Ricardo Calcagno, teniendo en cuenta los cuestionamientos públicos a su desempeño como magistrado.

Exigieron además “la aplicación de la Ordenanza 2315-CM-12 en referencia al terrorismo de estado, ejercido por el aparato de represión estatal en nuestra ciudad, tomando el 17 de junio como el Día de la Inclusión Social y contra la Represión policial”.

Pidieron que el cuerpo de concejales se involucre en el seguimiento de las causas y denuncie también cualquier acción de entorpecimiento que pueda afectar su desarrollo.

Plantearon además que los concejales soliciten una audiencia con el Fiscal para lograr “la activación de las causas”.

En la ocasión presentaron un documento con los detalles de los ocurrido y consideraciones al respecto, que se publica textualmente a continuación.

Documento presentado por la Multisectorial en la Banca del Vecino

La Organización de la que formamos parte - Multisectorial contra la Represión Policial y la impunidad- surgida a partir de los sangrientos hechos ocurridos el 17 de Junio del 2010, que costaran la vida de tres jóvenes de nuestra Ciudad, hace uso de esta instancia que nos permite la Carta Orgánica para denunciar el estado de parálisis en que se encuentra la causa por los asesinatos policiales.

Contrariamente a la creencia que considera al Terrorismo de Estado vinculado solamente a las Dictaduras Militares, consideramos este concepto como la implementación de parte de un gobierno, (en este caso, democrático) de métodos ilegítimos y violatorios de DDHH suspendiendo las garantías propias de un estado de derecho, utilizando las FF.SS, como brazo ejecutor de la represión contra manifestaciones populares de cualquier índole, como lo sucedido en los hechos del 17 de junio de 2010 que culminaron con el asesinato de los tres jóvenes de nuestra ciudad, decenas de heridos, al menos 9 de ellos con balas de acero y cientos de jóvenes perseguidos y detenidos a manos de la policía.

A nuestro juicio, la masacre del Alto prueba que en la provincia de Río Negro y específicamente en nuestra ciudad existieron prácticas de terrorismo de estado en democracia y un estado de sitio declarado de hecho por el cual durante varios días fueron suspendidas las garantías constitucionales para los sectores más desprotegidos implementándose la persecución y el terror como parte de una política sistemática dispuesta por el poder político y avalada por el aparato judicial.

La impunidad manifiesta en cada medida judicial que lleva adelante el Juez Calcagno, encubriendo a los autores de los homicidios por un lado y entorpeciendo en forma permanente el desarrollo de la causa para –entendemos nosotros- lograr la prescripción de la misma, ubica al Sr Juez y al aparato judicial en el plano de complicidad manifiesta con el Terrorismo de Estado vigente durante 48 horas en nuestra Ciudad durante los días 17 y 18 de junio.

Consideramos que lamentablemente las torturas comprobadas en las cárceles y comisarías, los casos del mal llamado gatillo fácil de nuestra provincia forman parte de una práctica sistemática de la institución policial avaladas por el estado y que tienen como objetivo el control y el disciplinamiento social.

Los días 17 y 18 de Junio de 2010, luego del fusilamiento del joven Diego Bonnefoi, se montó un aparato represivo con cerca de 60 efectivos policiales fuertemente armados y representantes de la totalidad de las fuerzas de seguridad quienes cercaron parte de los barrios del alto y que dispararon con balas de goma y de acero contra la población civil.

Las diferentes investigaciones realizadas y en particular las pericias fotográficas y balísticas del Dr. Guillermo Pregliasco y colaboradores, así lo demuestran. En autos figuran 2 muertos, 9 heridos por postas de acero, 3 por perdigones, 2 por gases y 5 por golpes.

Sabemos también de personas heridas que no han declarado, algunas con balas de acero en el cuerpo, por temor a represalias de la policía, tales como la realización de reiterados allanamientos ”buscando drogas”, hostigando a las familias y golpeando a los jóvenes.

La pericia fotográfica permitió individualizar que el asesino de Cárdenas está entre un grupo de policías fotografiados y a un número de efectivos que dispararon balas de acero (vainas rojas, Cada cartucho rojo contiene 9 balas de casi un cm. de diámetro que se dispersan como abanico luego del disparo. Por lo tanto disparar ese cartucho contra una multitud es un intento de homicidio. Las vainas no sólo se diferencian por el color, sino que son tres veces más pesadas que las otras por lo que no hay posibilidad de confusión para la gente que dispara. Carrasco tenía 4impactos con balas de acero en el cuerpo. Le tiraron a matar.

Otros datos obtenidos a partir de la pericia fotográfica indicaron que:
Durante la tarde se pueden contar hasta 56 agentes de policía. Cuentan con al menos un lanzagas, máscaras, chalecos antibalas, cascos antitumulto, al menos 12 escudos, al menos 13 armas largas, tres camionetas, dos vehículos utilitarios y un patrullero.

Los policías se desplazan en grupos. En sólo una ocasión se los ve empuñar armas cortas. En 16 ocasiones se los ve arrojar piedras, incluso con una gomera. Entre las 15:30 y las 17:00 horas, la policía disparó al menos 364 disparos que constan en el video, lo que permite proyectar estadísticamente aproximadamente 1000 disparos contra los manifestantes, al incluir los intervalos de tiempo no registrados.

El grupo de manifestantes está compuesto exclusivamente por adolescentes. Durante la tarde se pueden contar hasta 37 jóvenes.
No se observan armas cortas, ni largas, ni de fabricación casera. No se observan gomeras ni otro mecanismo para lanzar piedras más que la mano desnuda. La agresión siempre es a una distancia mayor que 30 m. Observamos que las piedras golpean casi siempre en el piso y, en algunos casos, alcanzan los escudos.

Reiteramos que manifestantes heridos que figuran en autos son 2 muertos, 9 heridos por postas de plomo, 2 por postas de goma (por disparo a muy corta distancia), 3 por perdigones que no sabemos si son de goma o acero, 2 por gases y 5 por golpes.

Los policías que no pertenecen al BORA, utilizan cartuchos de diferentes colores: transparentes, verdes, verdeazulados y rojos. Revisando toda la evidencia, encontramos 5 cartuchos rojos mientras son cargados en las armas, uno dentro del cargador, dos en el aire (recientemente eyectados) y 18 en el piso.
Los ocho cartuchos rojos que se pueden relacionar con un arma y un tirador, corresponden a seis policías que se desplazan juntos durante la mayor parte del día.

Entre los policías que aparecen en la esquina de Osés y Onelli a las 16:30, muy probablemente se encuentren algunos de los relacionados con los disparos que hieren a Carrasco, apoyados por agentes del BORA que regresan con el cordón hacia la comisaría.

Necesariamente, el disparo que recibe Cárdenas debió haber sido disparado por algún policía de este grupo adelantado. Solo cuatro de ellos portaban armas largas.
Durante el sexto avance de la policía, en el grupo que permanece en la esquina de Onelli y Sobral hay nueve agentes con armas largas y están fotografiados. Este grupo incluye a los cuatro policías vinculados a la muerte de Sergio Cárdenas.

De este grupo de policías provinieron los disparos que hirieron a Sergio Cárdenas y 6 jóvenes más.

Ante este gravísimo contexto generado por el propio estado, el poder político provincial y municipal del momento solicitó a la Presidencia de la Nación el despliegue de fuerzas de Gendarmería, además de alentar y avalar manifestaciones de empresarios y vecinos que solicitaban más represión y mano dura en función de un supuesto argumento de seguridad y defensa de la propiedad privada del poder económico de nuestra ciudad.

El accionar de las fuerzas policiales como el BORA en forma conjunta con varias Comisarías, con el sólo fin de reprimir a los que pedían justicia por el asesinato de Diego cometido brutalmente por el policía Colombil, (a quien sus jefes y compañeros trataron de encubrir plantando un arma en el lugar de los hechos para justificar el homicidio, lo cual fue comprobado en el Juicio y no fue investigado por la justicia),

- lo indiscriminado de las acciones policiales contra la población indefensa, la estrategia de ataque y no de contención utilizada, lo descomunal de la cantidad de agentes desplegados en formación de ataque contra un grupo de jóvenes,
- la solicitud de postas de acero a una compañía de transporte de caudales PROSEGUR (nunca investigada),
- el uso de estas postas prohibidas en casos de manifestaciones, el asesinato de otros dos jóvenes,Sergio Cárdenas y Nino Carrasco,
son una clara muestra de la implementación del terrorismo de Estado que se puso en práctica en esos momentos. A ello debemos sumarle la persecución realizada en días posteriores a jóvenes que debieron sufrir las torturas de parte de funcionarios públicos que actuaron como sicarios al mando del Gobernador Saiz, como el caso del joven Mario Cayún, denunciado públicamente, que fue detenido y golpeado brutalmente en el shopping, provocándole gravísimas fracturas dejándolo sin atención médica y apresado sin ningún justificativo, y al que según su testimonio, lo dejaron con vida y llevaron al hospital, cuando dijo que su padre era policía.

Es incomprensible entonces que luego de más de 4 años, no estén detenidos los policías que dispararon balas de acero contra población civil y que ni siquiera haya sido investigada la cadena de mandos responsable de los asesinatos y represión.

Condenamos por ello la obstaculización sistemática de la investigación por parte de la justicia desestimando el análisis de pruebas fundamentales para lograr el esclarecimiento de los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas.

Transcurridos 26 meses de los asesinatos, el fiscal Burgos tipifica la carátula del expediente como “Homicidio en riña”. Sostenemos que ésta tipificación no responde a la realidad de lo sucedido y constituye otra demostración más de la decisión política de proteger a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos. Ante la requisitoria de los medios para que el juez explique los fundamentos de esta decisión, el Dr. Calcagno deslindó las responsabilidades sobre el fiscal, sin dar lugar al reclamo de los familiares para que se ésta se modifique.

Consideramos que este accionar encubridor de la justicia cuenta con la complicidad de buena parte del poder político tanto del gobierno anterior como de éste, ya que más allá de las promesas de cambio con respecto a la nueva policía, se continúan avalando las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad hacia la población civil.

Reclamamos entonces la activa y permanente presencia de este Concejo en el esclarecimiento de los gravísimos hechos mencionados, tomando una clara participación en el seguimiento de la causa, denunciando asimismo toda acción de entorpecimiento del avance de la misma por parte de la justicia, en las diversas formas a que la difusión pública de la información al Pueblo los obliga.

De tal manera en lo que respecta a la causa exigimos:

Que el Consejo Deliberante solicite audiencia con el fiscal y/o procuradora de la provincia para activar la causa teniendo en cuenta el último fallo del STJ y el cuestionamiento de la Dra-Piccinini quién en un minucioso detalle del derrotero del expediente judicial ha criticado la "inactividad casi total" de la causa.

- Que se organice una comisión investigadora en la que:
se pida informes sobre las líneas de investigación del testigo del asesinato de Nicolás Carrasco que figura en el expediente.

- Que se realice una Investigación sobre las llamadas telefónicas entre los jefes policiales y políticos, se hagan efectivos los procesamientos a las cúpulas policiales, de seguridad y políticas y que también se investigue la entrega de balas de Prosegur a la policía.

- Que la causa sea enmarcada en violación a los DD HH en estado de derecho.
- Respecto a los heridos en la represión, que se pida el cambio de carátula a TENTATIVA DE HOMICIDIO, tomando como caso testigo la imputación a los policías que actuaron en la represión en el teatro San Martín. (Bs.As).-

- Que los concejales promuevan que en los ámbitos legislativos provinciales se trabaje sobre:
- La implementación efectiva de la ley de protección al testigo.
- La ley sobre la investigación de hechos de violencia institucional (que los delitos cometidos en represión o en general por la Policía no sean investigados por la misma Policía que es cuestionada).
- Se promueva la investigación, detención y el pase a disponibilidad de todos los policías identificados que dispararon balas de acero los días 17/18.

- La apertura de una investigación sobre las causas que lleva Calcagno dados los múltiples cuestionamientos públicos a su desempeño como magistrado.

En cuanto a acciones políticas que les competen como autoridades gobernantes de nuestra ciudad:

Solicitamos, la real y efectiva puesta en práctica de la Ordenanza 2315-CM-2012, en referencia al Terrorismo de Estado ejercido por el aparato de represión estatal en nuestra ciudad, tomando el día 17 de junio como el Día de la Inclusión Social y contra la Represión Policial, promoviendo la implementación de actividades de concientización y memoria a través de eventos culturales a desarrollar en Escuelas, Centro Cívico y otros lugares afines, para lo cual ponemos a disposición todos los archivos y documentación que hemos acumulado en todos estos años, como así también la organización de tales eventos con la participación de diversas organizaciones juveniles con quienes compartimos cada año el reclamo por justicia.