Tres de Mayo demanda al municipio por 26 millones de pesos

La empresa Tres de Mayo demandó al municipio por la incautación de sus bienes, al pasar la concesión a Autobuses Santa Fe.

En la carta documento se mencionan entre otros aspectos, para llegar al valor de la demanda por los 26 millones de pesos, el uso de la oficina comercial durante el mes de enero, impresoras especiales para credenciales, incautación de ómnibus, rentabilidad de línea sur, rentabilidad por no contar con nuestros bienes, etc.

Señala la carta, que "sin perjuicio de haber realizado antes denuncias ante estos organismos" se pondrá en conocimiento al Concejo y al Tribunal de Contralor, además de los candidatos a intendente para "que sepan la situación que se afrontará".

Además, la empresa presentó una denuncia penal contra el estado municipal, por el delito contra la propiedad, hurto agravado y robo agravado. Señalan en la denuncia, al referirse a los incendios y demás, que "si bien los hechos sucedieron en momentos diferentes responden a la misma metodología" y sostienen que fue "tomando venganza porque no aceptamos mansamente que nos confisquen los bienes".

En la denuncia se destacan los 32 años durante los cuales Tres de Mayo prestó el servicio de transporte urbano en Bariloche, además de servicios contratados con entidades deportivas, sociales y culturales. Destacan que los socios, con mucho esfuerzo desarrollaron la empresa y la concesión se fue renovando con contratos prorrogados, y el ultimo año bajo la forma de permiso precario.

Señalan que se contaba con una importante infraestructura, de cerca de 100 ómnibus, camión auxilio, etc y que la empresa estaba afrontando muy serias dificultades económicas que la tienen sumida en concurso acreedores, "producto que hace 10 años las tarifas han estado debajo de los costos". Enfatizan que "la municipalidad ha ido sembrando desastre". Para graficarlo mencionan el caso de los boletos escolares por el cual "todo el mundo gratis" pero afirman que "el fomento a la educación se lo ha hecho pagar siempre a nuestra empresa, el estado no se hacía cargo".

Finalmente expresan que en junio se dispuso retirar el permiso precario y se materializó a principios de julio, haciéndose cargo una "empresa insolvente que no tiene capital ni estructura para prestar el servicio, por lo cual la municipalidad resolvió confiscarnos las unidades, darle todo nuestro patrimonio a la empresa insolvente".