Un predio de la Sociedad Rural funcionó como centro clandestino de detención

 El proceso por los crímenes de la dictadura en Junín cerró su primera etapa con señalamientos de complicidad a la Sociedad Rural de esa localidad. Esta semana el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que juzga a seis policías y un militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos en cuatro centros clandestinos de detención ubicados en esa localidad, escuchó las declaraciones de los últimos testigos, y un ex policía aseguró que a uno de los tres desaparecidos que tiene la causa lo llevaron a un predio de los ruralistas. Otros testigos involucraron a otros civiles. La entidad pidió en un comunicado "que se investigue" esa denuncia.

Según consignó Tiempo Argentino, las de la última semana fueron las audiencias finales del juicio antes de la feria judicial. En febrero, el TOF que preside Carlos Rozanski e integran Pablo Vega y César Álvarez retomará el proceso para escuchar los alegatos y dictar sentencia.

El ex comisario Benito Almada fue uno de los últimos testigos del juicio –declaró más de un centenar de personas–, y puso sobre la mesa la complicidad civil con la dictadura en tierras del noroeste bonaerense. El policía fue citado luego de que una víctima, Alberto Silva, le indicara al tribunal que el oficial retirado le había brindado información sobre Adrián Romié y Gilberto Mesa, quienes junto a Hugo Torreta son las tres víctimas del expediente que permanecen desaparecidos.

El ex bonaerense recordó ante los jueces que el chofer de la fiscalía general de Junín, José Luis Camarro, "se ufanaba de haber participado en la detención de subversivos". Y apuntó que ese agente judicial le dijo que luego de detener a Romié en la calle, por radio les ordenaron dirigirse al Punto 1, "que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario. Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido."

"Desde allí (por el predio de la Rural) volvió al regimiento, de donde lo asignan al operativo de detención del actor Mesa, junto con un oficial de la Unidad Regional de apellido Carnevale; además me contó que los otros integrantes de la patota eran un oficial de Chivilcoy, Beatrice; un oficial militar Obreña, y Roberto Leone, de Junín", aseguró el policía juninense que en esa época trabajaba en la localidad de Lima.

Por esa declaración, el fiscal federal Hernán Schapiro le pidió al Tribunal enviar a la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de Eduardo Varas, las declaraciones de los testigos que nombraron a personas que no estaban entre los imputados, entre ellos Camarro y el comerciante Luciano Guazzaroni, a quien el periodista Horacio Verbitsky señala en su libro Ezeiza como integrante de la Liga Nacional Socialista de Junín y lo ubica en la derecha peronista que organizó el ataque durante la vuelta de Perón.

En tanto, la Sociedad Rural de Junín, a través de un comunicado, exigió la pronta investigación de la denuncia que la involucra. "Nos urge y nos compromete la verdad", expresó la entidad a través de un comunicado (ver aparte).

ACUSADOS. En menos de un mes de audiencias, Junín empezó a saldar las cuentas con el pasado. En el debate están siendo juzgados el ex militar Ángel Gómez Pola y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Esterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, por crímenes cometidos entre marzo de 1976 y finales de 1977.

El más reconocido de los acusados es Mastandrea, quien tomó notoriedad como "gremialista" policial en los '90, y que recorrió los estudios de TV a principios de esta década como especialista en Seguridad. Ese hombre fue señalado desde la primera audiencia como integrante de la Patota que asoló Junín durante la dictadura.

En la última audiencia de testigos, el ex policía Ángel Luis César volvió a señalarlo: "Los conocí a todos los imputados. Eran los pistoleros a sueldo de la policía, eran los que mataban a la gente, los que los desaparecían", dijo.

Entre las 24 víctimas de la causa, tres se encuentran desaparecidas, aunque los que faltan en esa ciudad son cuatro: el expediente no incorporó a Enrique Díaz Duré, un chico que estaba sirviendo al ejército en el cuartel bajo las órdenes de Gómez Pola.

El miércoles pasado, con las inspecciones judiciales a la Unidad 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de Junín –que mientras estaba en construcción en los años 1977 y 1978 funcionó como centro de tortura–, y al ex centro clandestino que funcionó en la Comisaría 1ª de esa ciudad, el Tribunal cerró la etapa del debate. La sentencia para los siete represores deberá esperar hasta febrero, y entonces sí habrá más Memoria, Verdad y Justicia en esa región de la pampa bonaerense.

La sra, "a disposición"

Luego de conocerse la denuncia, la Sociedad Rural de Junín emitió un comunicado en el que solicitó y exigió a la justicia "la investigación de estos supuestos hechos, ya que nos urge y nos compromete la verdad".

Tras los dichos de testigos que involucraron un predio propio, la SR pidió que se despeje la duda sobre "si en ese lugar se realizaban detenciones y torturas". En el escrito enviado a los medios locales, solicitaron "un pronto accionar de la justicia", y se pusieron "a disposición" para "llevar luz en un tema que nos involucra a todos como comunidad".

In situ

Al finalizar la última audiencia del año, el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, remarcó la importancia de realizar el juicio en la ciudad en que se cometieron los delitos, en referencia a Junín. "Es importante que los juicios se hagan en los lugares donde ocurrieron los hechos, y también se pueden hacer los reconocimientos físicos en el lugar, tanto las víctimas, los acusados o las partes, forman parte de un proceso judicial", señaló. Y completó: "Se reconstruye mejor que estando a 300 kilómetros de distancia."