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Bariloche empezó a pagar por echar a la empresa 3 de Mayo

Durante 32 años la empresa Microómnibus 3 de Mayo prestó el servicio de transporte público en Bariloche. Su desvinculación fue traumática. A mediados de julio de 2014 hubo una intervención que dispuso el juez civil local Cristian Tau Anzoátegui, por la crisis financiera que enfrentaba la firma, en concurso preventivo. Luego siguieron las acusaciones cruzadas entre propietarios y el gobierno municipal de la exintendenta María Eugenia Martini. El golpe definitivo llegó de un plumazo. Martini dictó cuando expiraba ese año la Resolución 6129, que revocó el permiso que el municipio le había otorgado a la empresa para trabajar. Y fue más allá.

Martini incautó bienes de la empresa y los puso a disposición de la firma Autobuses Santa Fe, que desembarcó en Bariloche con un fuerte respaldo político.

La nueva prestadora del servicio de transporte público de pasajeros comenzó a funcionar el 1 de enero de 2015 con un permiso provisorio.

La dirigencia que respondía al FpV aplaudió de pie “el traspaso exitoso”, como calificaron funcionarios municipales de esa época. Valoraron la decisión firme de Martini.

Autobuses Santa Fe había ofrecido pagar un canon por el alquiler de los colectivos más nuevos de la 3 de Mayo y por el uso de las instalaciones, pero la empresa local rechazó la oferta.

La UTA avaló. Y gran parte de los usuarios del servicio respiraron aliviados porque el crédito de la 3 de Mayo estaba agotado. A muchos sectores de la ciudadanía de Bariloche poco le importó.

3 de Mayo impugnó en sede administrativa la resolución de Martini, pero el Ejecutivo municipal de entonces le contestó con la Resolución 1856 de 2015, que rechazó el reclamo. Esa decisión dejó allanado el camino para el inicio de acciones judiciales.

La empresa 3 de Mayo demandó a la Municipalidad de Bariloche por los daños y perjuicios causados por la incautación de casi todos los bienes, que fueron cedidos a Autobuses Santa Fe.

El abogado de 3 de Mayo Rodolfo Rodrigo dijo que pidieron al juez civil de primera instancia de esta ciudad Mariano Castro la clausura de la etapa de pruebas porque consideran que ya se agotó. Explicó que ahora vienen los alegatos de las partes y, después, la etapa decisiva, con la sentencia.

“Ya se produjeron las pruebas, se hicieron las pericias así que el proceso tiene que seguir adelante”, indicó el abogado. Recordó que la demanda es por 90 millones de pesos. “Antes de mediados de año es posible que tengamos una sentencia”, estimó Rodrigo.

“No hay manera que no la condenen a la municipalidad”, advirtió. Recordó el fallo que el Superior Tribunal de Justicia dictó a finales de abril del año pasado, cuando rechazó los recursos de apelación que la municipalidad había presentado para tratar de revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, que declaró a finales de febrero de 2017 la nulidad de las Resoluciones 6129-I-2014 y 1856-I-2015.

La primera resolución anulada por la justicia es la que dispuso la incautación de colectivos y bienes de la 3 de Mayo. Para Rodrigo sólo es cuestión de tiempo.

Pero el municipio ya comenzó a pagar las primeras consecuencias de haber echado a la empresa el 31 de diciembre de 2014.

La municipalidad acordó pagar los honorarios que la contadora Susana Ballesty reclamó en la justicia por los 6 meses que estuvo a cargo de la administración de la empresa 3 de Mayo.

El monto indicado en la sentencia interlocutoria que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad dictó a finales de abril del año pasado fijó los honorarios en 1.594.817 pesos. El fallo lo dictaron los camaristas civiles Edgardo Camperi y Emilio Riat. La tercera jueza y subrogante Marina Venerandi se abstuvo.

Pero fuentes oficiales con acceso al expediente informaron a “Río Negro” que el monto de los honorarios ascendía a 2.662.092 pesos a principios de octubre. Este diario intentó comunicarse varias veces con el secretario de Hacienda del municipio, Diego Quintana, que no contestó ni dio la información.

Acuerdo

La abogada del municipio Natacha Vázquez explicó que llegaron a un acuerdo con Ballesty para abonarle los honorarios y evitar el embargo de la cuenta de la municipalidad “porque era un montón de plata”.

“Hubo que hacerse cargo porque la intervención judicial fue a pedido de la municipalidad en ese momento”, explicó la abogada. Derivo la consulta a Quintana. Otras fuentes que conocen la causa dijeron que el municipio pagó por lo menos 3 millones de pesos. Pero esa es apenas la punta del iceberg. La demanda clave es por los 90 millones de pesos que reclama 3 de Mayo.

“Tanto la Cámara de Apelaciones como el STJ decretó la nulidad de esa resolución de Martini”, advirtió Rodrigo. Calificó de “barbaridad” lo hecho por la exintendenta. “¿No sé por qué lo hizo?”, añadió. “Es acto administrativo de más irresponsabilidad que conozco”, sostuvo Rodrigo.

Señaló que Autobuses Santa Fe estaba vinculada a Indalo, de Cristobal López, y a Alejandro Rossi, hermano del exministro de Defensa del gobierno kirchnerista Agustín Rossi.



Desde el FpV sostienen que “no fue un acto arbitrario”

El concejal del FpV Daniel Natapof recordó que la empresa 3 de Mayo “planteó de un momento a otro que se retiraba del servicio en el acto, lo que significaba la paralización del servicio en Bariloche”.

Natapof era entonces secretario de Gobierno de la exintendente María Eugenia Martini. Aseguró que todo lo que hicieron “fue refrendado por la justicia”. Señaló que hasta hubo una administradora judicial y una síndico porque 3 de Mayo estaba en concurso de acreedores.“No fue un acto arbitrario. Había que preservar la prestación la prestación del servicio público”, explicó.

“Me llama poderosamente la atención la afinidad explícita del intendente (Gustavo) Gennuso con la 3 de Mayo. Es sumamente llamativo porque hay intereses contrapuestos”, advirtió el concejal del FpV. “A partir de un montón de indicios percibo una connivencia entre el intendente y la empresa”, sostuvo.

“¿Quién se hace cargo de pagar los 90 millones de pesos que reclama 3 de Mayo en el caso de un fallo adverso?”, preguntó Río Negro. “Me parece una pregunta capciosa”, respondió, molesto, Natapof. “Si la demanda es al municipio, la respuesta es evidente”, señaló.

“Yo pregunto: ¿quién se hacía cargo si la ciudad se quedaba sin servicio? Eso también tiene un costo”.Recordó que 3 de Mayo venía de un lock out contra el exintendente radical Marcelo Cascón, “estaba en una situación terminal, con el peor servicio que se recuerde, en concurso preventivo, y quería con una acción unilateral dejar a Bariloche sin transporte”, recordó.

Cuando se le advirtió que el reclamo es por la incautación de bienes, Natapof respondió: “¿Cómo se prestaba el servicio sin la incautación?” Y remató: “Ellos fueron los que abandonaron el servicio”. “Y en absoluto quedé conforme con Autobuses Santa Fe”, aseguró Natapof.


“La gestión Martini metió la pata a fondo para liquidarnos”
“Cuando entró la intendenta (María Eugenia) Martini vino con los tapones de punta”, recordó Bernardo Boock, socio fundador de la empresa Microómnibus 3 de Mayo.
Dijo que les presentó muchas exigencias. “Nosotros no teníamos ni contrato. Veníamos de prórroga en prórroga”, señaló. Dijo que esa situación sumada al atraso tarifario y los incrementos de costos los complicaron.
“Nos jugaron sucio porque nos habían autorizado una prórroga para trabajar con unidades con 15 años de antigüedad, para ser usadas como refuerzo, pero de un momento a otro nos sacaron esa prórroga y tuvimos que sacar de circulación esos colectivos. Creo que fue para que la gente empezara a decir que sacábamos frecuencias y empezaran las quejas”, recordó Boock. Dijo que por otro lado el municipio los multaba todo el tiempo. “Creo que fue una persecución. Nos dábamos cuenta que era para ir eliminándonos para que desembarcara Autobuses Santa Fe”, afirmó.
Sostuvo que la nueva empresa empezó “con los micros nuestros, creo que con 26 ó 23, los más nuevos”. También usaron las oficinas, los talleres, depósitos. “Esa gestión (por la de Martini) fue la que metió la pata a fondo para liquidarnos”, aseguró Boock. “Es como si tomaran tu casa y te quedás del lado de afuera y tu ropa, tus cosas, todo quedó adentro”, explicó. Recordó que llegaron a tener 105 colectivos. Dijo que la interventora judicial “tenía muy poca noción de lo que era el transporte”.
Recordó que la provincia les quitó la frecuencia por la Línea Sur a pesar de que tenían aún 4 años y medio de contrato.


Monto
2,6
Millones de pesos son los honorarios que debe pagar el municipio, según fijó la justicia hasta octubre pasado.


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