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El Contralor pidió información sobre la entrega de lotes a una cooperativa

El Tribunal de Contralor envió una nota al Instituto de Tierras y Viviendas a fin de solicitar información respecto a la entrega de lotes sociales a la Cooperativa 13 de Mayo a principios de este año, sin el aval del Concejo Municipal. La nota fue firmada por Julieta Wallace, del Frente para la Victoria, y Maia Thieck, de Juntos Somos Bariloche.

“Esto tiene que ver con las facultades de control público del Tribunal de Contralor que la ordenanza nos otorga. Y está vinculado a declaraciones publicas por parte de la titular del Instituto de Tierras y Viviendas”, señaló Wallace en relación a la nota publicada por el diario Río Negro que da cuenta de un acta acuerdo firmada con la Cooperativa 13 de Mayo por la cual el municipio le entregó 135 lotes sociales ubicados al sur del barrio Las Victorias, pero sin la aprobación del Concejo Municipal.

En primer lugar, solicitaron “un informe sobre el valor del metro cuadrado del lote social que habría sido vendido del Instituto a la Cooperativa”. “El valor del metro cuadrado debe ser fijado por ordenanza. Por otro lado, queremos conocer el monto que ingresó al instituto en concepto de la venta de estos lotes, con la documentación respaldatoria”, indicó Wallace.

No se trata del primer caso. En octubre del 2017, el Tribunal de Contralor objetó un acuerdo del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas con la cooperativa Rucas del Sur que recibió en 2010 una fracción de 17 hectáreas que el municipio había comprado para desarrollar loteos sociales. La cooperativa les cobró a sus socios pero no le pagó al municipio.

Ya en ese momento, el Tribunal le encomendó al Instituto de Tierras elaborar “un régimen que regule la relación jurídica con las cooperativas destinatarias de los loteos sociales”.

“Tomando el antecedente de Rucas del Sur, en ese momento le encomendamos que gestione un regimen nuevo para regular la relación jurídica con las cooperativas para evitar la especulación y el desorden y, proteger los derechos de los destinatarios”, recordó Wallace y agregó: “Cuando el Instituto refinanció la deuda con esa cooperativa lo hizo sin chequear el listado de adjudicatarios, por ejemplo”.

La abogada remarcó que actualmente, una vez que se venden lotes, el Estado se desentiende de los que sucede entre la cooperativa y sus socios. “En la resolución pusimos que esto debe evitarse porque son lotes sociales. No están dirigidos a generar especulación inmobiliaria”, planteó.


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