Nación irá a la Justicia para avanzar con la central nuclear en Río Negro

 El presidente Mauricio Macri consolidó ese camino después que el gobernador Alberto Weretilneck le explicó que su gobierno no puede liderar ninguna revisión de la presente exclusión de la planta en Río Negro. El rionegrino esgrimió que no tiene margen político-institucional para atacar la ley N° 5227, que prohibió su instalación, promulgada a principios de septiembre pasado y alentada por el oficialismo.

Weretilneck sólo prometió a Macri que la provincia no confrontaría (judicial ni políticamente) si el gobierno de Sierra Grande o la Nación intentan neutralizar esa prohibición para la instalación de la planta en el municipio serrano, esgrimiendo un apoyo mayoritario logrado en la consulta del pasado 17 de diciembre.

Antenoche, minutos después de la reunión, Weretilneck contó a “Río Negro” que el presidente ratificó “su absoluto interés” por la central nuclear para Río Negro “como factor para su desarrollo”.

Aún aceptando el proyecto, el gobernador reiteró el rechazo de la sociedad aunque prometió que “no voy hacer nada en contra” de la opinión de Sierra Grande y “voy a respetar la autonomía municipal”.

En concreto, la Provincia libera y deja la marcha a cargo de la Nación. Esa acción se advertirá en el inicio de febrero en tribunales. La Subsecretaría de Energía Nuclear, que encabeza Julián Gadano, ya había sondeado alternativas aunque en principio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de Interior, Rogelio Frigerio, habían encomendado al diputado Sergio Wisky para recuperar la posibilidad del asentamiento en Río Negro.

Ese mandato derivó en dos charlas con Weretilneck, quien mantuvo su resistencia a participar en un nuevo proceso. Eso mismo, más endulzado, repitió ante Macri.

Wisky se juntará hoy con el presidente en La Angostura y seguramente retomará el tema. Nación ya avanza en estudios judiciales en favor de esa vía, acompañada por la pretensión del intendente serrano, Nelson Iribarren. Además, el senador Miguel Pichetto aporta su visión y vínculos para el mismo propósito.

Ese camino se orienta a recursos en la Justicia Federal por la supremacía del Estado Nacional en la política y potestad energética.

Hay mayor llegada a esos tribunales. Igual, la tarea argumental no será sencilla, pues la ley N° 24.804 alude –en su artículo 11– que cualquier planta nuclear requiere de la “aprobación del Estado provincial donde se proyecte instalar”. No especifica, pero otorga intervención a la Provincia.

Simultáneamente, Iribarren puso a trabajar a sus letrados en una probable demanda de un “conflicto de Poderes” entre el Estado provincial y la autonomía del municipio.

En concreto, en Río Negro hay una ley que prohibe la instalación de centrales nucleares, sancionada luego de las elecciones, a pesar de que el mismo gobierno la impulsó originalmente.

“No voy hacer nada en contra de la opinión de Sierra Grande, voy a respetar la autonomía municipal”.
Alberto Weretilneck, gobernador de
Río Negro
Wisky se juntará hoy con el presidente en La Angostura y seguramente retomará el tema. Nación ya avanza en estudios judiciales.
Los “antinucleares”
ratifican el rechazo
El Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR) ratificó su rechazo frente a la insistencia nacional de una planta de energía nuclear. Así lo expresaron ayer en una presentación pública en Viedma que hicieron sus integrantes luego de una campaña de concientización realizada en las zonas balnearias de Río Negro.

Esa travesía contra la actividad nuclear alcanzó a Playas Doradas, San Antonio Oeste, Las Grutas, Pozo Salado y Bahía Creek.

En el balance de lo actuado, la agrupación destacó la experiencia –que se denominó “Travesía por la vida”– y reflotaron críticas por el problema de polución ambiental en Playas Doradas con el hierro diseminado, y el conflicto por el repositorio de plomo que afecta a los sanantonienses.

Indicaron que durante el contacto con turistas y pobladores en Sierra Grande, Las Grutas y el balneario El Cóndor encontraron gran cantidad de muestras de adhesión y “mucho desconocimiento” sobre esta propuesta de instalar una central nuclear que encarna el gobierno nacional.

Los voceros del grupo, Juan Humble y Guillermo Frías, aprovecharon el contacto con la prensa para calificar la ilegitimidad de la consulta popular en Sierra Grande, donde escasos votantes dieron su beneplácito al proyecto nucleoeléctrico.

Esa consulta y su resultado fue parte del diálogo entre el presidente y el gobernador el jueves en Angostura.