Minería contaminante o el agua y la vida de los pueblos

Minería contaminante o el agua y la vida de los pueblos

Escrito por Magdalena Odarda | 26 Octubre 2011
El año pasado el Parlamento Europeo dictó una resolución en la que insta a los países miembros a prohibir el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea. Tal pronunciamiento urgente, demostró la trascendencia de las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, por sus efectos en la contaminación irremediable de los ríos y cursos de agua.
Dice el parlamento Europeo que "Considerando que en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años, cuando se vertieron más de 100 000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de esa época en la Europa Central, y que no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones metereológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático".
Finalmente el Parlamento pide a la Comisión de la UE: "proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación ..."
En América Latina, sin ir más lejos Perú, registra actualmente 6.847 pasivos ambientales en el país inventariados por el mismo gobierno, existiendo 65 cuencas hídricas contaminadas por efecto de la minería.
En nuestro país, en Catamarca, el río Vis-Vis está contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Muchos datos van corroborando el daño que provoca la minería metalífera a cielo abierto con uso de sustancias toxicas sobre las fuentes de agua dulce, sin contar los efectos globales: contaminación del aire por las explosiones y sustancias toxicas que quedan en suspensión, contaminación de la tierra por la lixiviación de metales pesados, deterioro de las economías regionales tradicionales, daños en la salud de las poblaciones, entre otros.
Además, la extraordinaria cantidad de agua que necesita la industria minera reduce los niveles de agua en arroyos y ríos, o del afloramiento de agua dulce, lo que provoca múltiples y gravísimos daños a la salud, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. El uso de 1100 litros del agua por segundo, 69 millones de litros por día permitidos a la empresa Minera La Alumbrera en la provincia de Catamarca, nos da una dimensión de la problemática ya que el agua además es irrecuperable, no hay tratamiento posible para volverla aprovechable. Los habitantes de las zonas cercanas denuncian que los ríos han bajado su caudal y hoy son "un hilo de agua". En los últimos años hubo cuatro derrames comprobados del mineraloducto por donde circula el mineral molido junto con la concentración de cianuro y agua.
Un capítulo especial merece el Proyecto Pascua- Lama compartido con Chile, cuyo precedente fue el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina (1997), ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan, que actualmente insiste en remover extensas zonas de glaciares cordilleranos para sus propósitos.
Nuestra región
Esta realidad que vengo describiendo afirma en Rio Negro la necesidad de mantener vigente la ley 3981, que no debe ser tocada sino para enriquecerla con los aportes que surjan de las organizaciones sociales, y ante las nuevas urgencias que se relacionan con preservación del agua, como un bien natural indispensable para el ser humano y sus actividades. La derogación de la legislación minera nacional, aprobada en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, la cual facilita con todo tipo de estímulos fiscales el saqueo de la riqueza mineral de nuestro suelo, también es un objetivo por el que debemos luchar.
Sabemos que la discusión no pasa por pelear regalías mayores o impulsar una minería igual pero con sello nacional, sino por elegir un modelo de vida y crecimiento que respete las condiciones sociales y ambientales, que el Estado pueda estar presente para impulsar, apoyar y proteger las actividades económicas tradicionales, las que están instaladas en las culturas de las mismas comunidades.
Conclusión
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega con una supuesta generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos.
Son posturas irreconciliables: para los pueblos el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra. Para las industrias extractivas, no es más que un insumo necesario, un bien de mercado

Vecinos en Defensa de Bahía Serena y las Costas Libres