Anciano MapuChe, a la espera de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia

ROGELIO CAYECUL NO SERÁ CITADO A OTRA AUDIENCIA. LA JUSTICIA DECIDIRÁ SI TIENE DERECHO A SEGUIR PELEANDO POR LA TIERRA

Rogelio Cayecul podría ser el primer aborigen de nuestro país con derecho a reclamar la nulidad de la sentencia de desalojo que pesa sobre las tierras que habita, si el Superior Tribunal de Justicia se expide a favor del recurso de casación presentado por su abogado, Eduardo Hualpa, que intenta lograr que el Superior Tribunal cambie la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew que indica que para Cayecul ya pasó el tiempo de reclamar.

El recurso de casación fue presentado con el objeto de obtener la revisión de la sentencia dictada en autos: “Cayecul, Rogelio c/Fernández Peña, Tirso Raúl y otro s/Acción de Nulidad - Medida Precautoria”, Expediente Nº 20.293-C- 2005 y de la prescripción del derecho a su defensa.

Rogelio Cayecul, quien pidió que se declare la nulidad de todo el proceso de desalojo y de un juicio ejecutivo en el que le embargaron su tierra, basado en sus condiciones personales (es muy pobre, analfabeto, aborigen y vive muy lejos de un abogado), que lo colocaron en una situación desventajosa para defenderse y acceder a la Justicia, derechos expresamente contemplados en las constituciones Nacional y Provincial, el 3 de octubre pasado tuvo oportunidad de presentar su posición ante el Presidente del Superior Tribunal y constatar que, durante el proceso de desalojo, el Poder Judicial nunca lo notificó de lo actuado.

En la audiencia que tuvo lugar en Rawson, el anciano Mapuche de 74 años, que vive en la zona de Canquel, Paso de Indios, a cien kilómetros de la localidad más cercana, pudo -por primera vez desde que se inició el proceso en 1995- dar testimonio ante un magistrado.

Como consta en el escrito de demanda patrocinado por los abogados Eduardo Hualpa y María Cristina Pagasartundua, si Cayecul hubiera podido conocer lo que estaba ocurriendo en los expedientes, habría efectuado numerosos cuestionamientos como, por ejemplo, el del embargo y la venta en pública subasta de la tierra fiscal que la familia Cayecul explota desde hace décadas y que según la ley de tierras y la Constitución es inembargable e inenajenable.

Tras la presentación de la demanda efectuada por Hualpa y Pagasartundua ante el Superior Tribunal, la Procuración General dispuso un dictamen que permitió la audiencia con Cayecul, dictamen que, de acuerdo al resultado de la sentencia que determinen los miembros del tribunal, podría llegar a constituirse en precedente para otros casos.
El dictamen lleva el número 25/06 y de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 12 del Convenio Nº 169 de la O.I.T., establece que “los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos”. Asimismo, señala que “deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario intérpretes u otros medios eficaces”. Derecho que el Estado debió ejercer y garantizar a favor de Cayecul en el transcurso de los procedimientos cuya nulidad hoy pretende.

Derecho que no fue tenido en cuenta durante el proceso, ya que, como Hualpa señalara en la audiencia, “no se cumplieron las leyes vigentes que protegen a las comunidades indígenas, no se contemplaron sus situaciones particulares y en el expediente de desalojo no tuvo oportunidad de defenderse porque nunca se enteró de qué significaba ese expediente”.

Pueblo Mapuche