La plaza de los pueblos originarios

La plaza de los pueblos originarios

Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo.

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Por Dario Aranda - Diario Pagina /12

Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban “anuncios concretos a las históricas demandas”.

La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán), Kollamarka de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y contó con el apoyo fundamental de la organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña Milagro Sala.

“Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta este mundo de edificios, asfalto, y venimos con respeto pero también fuerza, queremos que les quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan nuestras tierras y se llevan nuestra vida”, graficó al comienzo de la marcha Félix Díaz, pilagá de la comunidad La Primavera de Formosa, uno de los ocho mil indígenas que llegaron hasta Buenos Aires.

Las columnas de comunidades indígenas ocuparon siete cuadras de la avenida 9 de Julio. Lo ancho de todo un carril estaba desbordado de rostros curtidos, abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de jóvenes. En Diagonal Norte los esperaron organizaciones sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Camino hacia la Plaza, desde algunos edificios tiraban papelitos, aplaudían el paso indígena y las banderas argentinas convivían con las wiphala, emblema multicolor de los pueblos originarios.

“Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”, fue la consigna de la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y Neuquén, atravesó diez provincias y contó con la presencia de los pueblos kolla, mapuche, qom-toba, diaguita, lule, huarpe, wichí, mocoví, guaraní, vilela, sanavirones y guaycurú. Elías Maripan, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), arengó desde el escenario. “Los pueblos originarios están de pie, dignos y conscientes de sus derechos”, gritó con el puño en alto. La multitud lo ovacionó.

Desde el ingreso de las columnas a la ciudad de Buenos se hizo hincapié en el pliego consensuado antes de comenzar la marcha. Territorio, cultura-educación, “madre naturaleza” y reparación económica. En base a leyes ya vigentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los afectan, y la aplicación efectiva de la ley 26.160, de emergencia territorial, ya vigente hace cuatro años y muy demorada en su aplicación.

En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios. “Solicitamos la derogación del Código de Minería”, remarcan desde la convocatoria –como freno a la avanzada de la minería metalífera a gran escala– e impulsan la creación de un “tribunal de justicia climática”.

David Sarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas (Kollamarka, de Salta), aclaró que la marcha “no es para festejar el Bicentenario, marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos resistiendo, eso es lo que nos llevó a todos los hermanos a estar en esta marcha. Lo que sí festejamos es que estamos vivos”.

La Presidenta recibió a una treintena de delegados durante una hora. “Propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo que está de acuerdo en muchos puntos, y en otros para nada. Suponemos que no comparte nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas que saquean y contaminan nuestros territorios, no lo dijo pero lo dio a entender”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, y reconoció que esperan “anuncios concretos. Nos hubiera gustado respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al Estado les cuesta entender nuestra realidad, aunque tiene claro que estamos organizados y no bajaremos las demandas”. El derecho y la protección del territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin distinción de etnias y regiones.

Una investigación de Página/12 reveló en 2007 que existen al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y multinacionales mineras, los estados provinciales y nacional, privados multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados–, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y judicial que desobedece las leyes”. En la misma línea, un trabajo de la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó seis provincias del noreste argentino y aportó datos inéditos: cinco millones de hectáreas en conflicto, casi 600 mil personas afectadas, y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas. El informe demuestra que la mayor conflictividad comenzó en la década del 90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.

Jorge Nahuel, mapuche, aseguró que ahora los pueblos indígenas están “movilizados, se hacen escuchar y tienen una fortaleza mayor que hace décadas”.

Un sector organizado, pero atomizado

En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5 millón de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En el país no hay una organización que nuclea a todas las comunidades, ni siquiera existe un organización que reúna a todos los indígenas de una provincia o etnia. Al contrario, en provincias con alta población indígena (Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones o las patagónicas) existen decenas de organizaciones, disputas, divisiones y, en algunos casos, alianzas con gobiernos provinciales o nacional.

Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo reclamos, de distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes de ruta) y en distintos lugares del país, pero nunca una movilización tan masiva y heterogénea había llegado a Buenos Aires.

La marcha no estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en diciembre pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del Gobierno, que acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Desarrollo Social y desde Radio y Televisión Argentina (RTA). Pero una división entre organizaciones significó el retiro del apoyo económico a la marcha. El otro sector, llamado Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, reúne a una decena de organizaciones, sí cuenta con el respaldo del INAI y también fue recibido ayer por la Presidenta, que realizó junto a ellos un acto en el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al gobierno nacional, enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje central de todas las comunidades indígenas del país.

Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina “el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos”. Participan organizaciones sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán y Formosa. También estará la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) y la mayor parte de los reclamos pasan por el rechazo a las industrias extractivas y el papel del Gobierno.

Leyes para incumplir

A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro Crónicas de la resistencia Mapuche, un completo relato histórico del investigador y periodista Adrián Moyano, da cuenta de que esos incumplimientos son recurrentes a lo largo de la historia. Recuerda la violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con los pueblos indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para avanzar sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades. “Al internarse las tropas de Roca en territorio indígena, varios de esos tratados estaban en vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes”, denuncia. En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi identificó 74 tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos indígenas.

Un sector importante de la clase política consideró que el 1º de noviembre de 2006 era el “día de la reparación histórica”. El Congreso acababa de sancionar la Ley 26.160, que declaraba por cuatro años la “emergencia en materia y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas”. La norma suspendía los desalojos y comprometía al Estado a realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral para otorgar la tenencia definitiva de las tierras ocupadas ancestralmente. Tan retrasada estaba la aplicación de la ley que fue prorrogada otros tres años. El noviembre de 2009, el Congreso aprobó que se extendiera el plazo hasta el 2013.

En la actualidad los derechos indígenas constan en el artículo 75, incisos 17 y 22, de la Constitución nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que en Argentina tienen rango superior a las leyes ordinarias) y una decena de constituciones provinciales. Son sólo algunas de las legislaciones que reconocen la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizan el respeto a su identidad, derecho a una educación bilingüe e intercultural, aseguran la participación en la gestión referida a los recursos naturales y reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.

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Historias desde los orígenes
LORENZO PINCEN

El bisnieto
De poncho y vincha negra, con guardas originarias, el lonco Lorenzo Pincén llegó a la Plaza de Mayo desde la comunidad Pampa de Trenque Lauquen. Lorenzo, con sus 80 años, es el bisnieto del cacique Pincén, capturado en 1878 por el coronel Conrado Villegas, quien dio aviso al ministro Julio Roca de la detención que finalizaba con la resistencia indígena en Buenos Aires. Según el lonco el “bisabuelo fue el primer de-saparecido. Fue detenido en la isla Martín García y nunca más nos devolvieron su cuerpo”. Pincén, parado en la Plaza de Mayo, espera que la marcha de los pueblos originarios sirva para que “nos reconozcan como pueblos con su propia cultura”. El lonco no olvida su niñez, cuando “mi madre nos intentaba transmitir nuestra cultura contándonos historias en la época de lluvias y a través de dibujos”. Pero Pincén recuerda cómo “en la escuela nos obligaron a convertirnos al catolicismo. Llegamos a reconocernos en esa religión europea y mi padre tenía miedo de que aprendiéramos nuestra lengua originaria”.

DIEGO VILCA

“Mensaje cultural”
Hace siete días, Diego Vilca salió de su Tumbaya natal para llegar a Plaza de Mayo. Desde la Puna jujeña recorrió más de mil kilómetros como parte de una tropa de sikuris que no dejó de tocar sus zamponias y sikus. Para él, estar en la Plaza de Mayo significa “llegar a dar el mensaje de reclamo de sus padres y abuelos” y “de una cultura que se está recuperando”.

No es la primera vez que Diego dejó atrás las tierras donde su padre continúa criando ganado y cultivando la tierra para subsistir en las hectáreas que la comunidad recuperó hace 15 años, pero que aún no fueron tituladas. La primera vez fue después del secundario. Diego decidió ir a Córdoba capital para continuar sus estudios en un profesorado de educación física. La discriminación fue una traba para encontrar los trabajos de mozo o de encargado de limpieza que realizaba por la noche para estudiar durante el día. Por eso, con título en mano decidió regresar a Tumbaya. “Cuando vivís en la ciudad revalorizás la cultura de tu tierra, pero también al regresar ves a tu pueblo estancado y te lleva a movilizarte.”

RAMON NAHUEL

Resistir a las empresas
”Jallalla”, “Jallalla”, el saludo aymara resuena desde el escenario de espaldas a la Casa Rosada, desde donde se reclamaba el reconocimiento de un Estado pluricultural. Haciendo el pedido de la palabra, el lonco Ramón Nahuel presentó a su comunidad en el idioma del pueblo mapuche: Wiui Ño Folil (vuelven las raíces). Ramón agradece aún poder alimentar a su familia con la cría de ganado en la comunidad de 24 familias con las que resisten en Neuquén “a las empresas transnacionales, mineras, petroleras y forestales”. Cuando mantener las formas de producción milenaria de una comunidad se hace difícil, la consecuencia es la que vive Ramón en carne propia: “Nuestros hijos emigran a las ciudades y por su formación no están preparados para vivir en ese entorno. Entonces, sólo van para ser un marginado más del sistema. Y si un joven mapuche que salió a la ciudad desea volver, se encuentra con nada”, lamentó el lonco. Según el lonco, la movilidad para su comunidad también es un problema y lo es para los niños que desean llegar a la escuela rural donde “el reconocimiento de la pluriculturalidad es esencial porque aún no se enseña de forma bilingüe”.

PATRICIA CRUZ

Volver a labrar
La gorra repleta de coloridas bolas de lana, la pollera, el poncho verde que la cubre, Patricia Cruz lleva su cultura puesta como cada chola que ayer pintó de pluriculturalidad el centro porteño. Los legados de su cultura colla los mantiene gracias a los 93 años de su abuela, última colla en su árbol genealógico, que supo resistir los intentos de desalojo de su pequeña parcela en Maymara, Jujuy, frente al cerro Pucará. En la historia de su antecesora comienza a contar la propia: “Mi abuela tuvo que enterrar a todos sus hijos. Su hija mujer tuvo que irse a la ciudad a trabajar como mucama y sus hijos varones murieron porque sin poder trabajar sus tierras se dedicaron al alcohol”, relató Patricia.

Sin tierras tampoco para sus padres, ella se quedaba en su casa cuidando de sus hermanos, mientras su madre salía a trabajar para otras familias. Cuando le tocaba salir era para ir a la escuela y allí no era bien recibida. Poder volver a labrar la tierra parece ser una posibilidad de la que Patricia se aferra para vivir con su esposo y sus dos hijos. El sueño es una parcela que reclama junto con las tierras de otras 150 familias de la comunidad de Maymara. “Si la presidenta nos da nuestras tierras, podríamos ser libres y llevar una vida digna”, resumió la chola.

Producción: Nahuel Lag - Pagina/12

Pueblo Mapuche