ENACE INFORMA: RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE LA ARGENTINA

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 FORMOSA: UNA NUEVA CHEVRON

Asi como la empresa Chevron es prófuga de la justicia del Ecuador luego de haber contaminado durante años los territorios del hermano país, juzgada, condenada y trasladada a la Argentina de la mano de la corrupción política para continuar sus acciones contaminantes sin sanear lo dejado atrás,
hoy la Comisión Nacional de Energía Atómica hace lo mismo con Dioxitek.

Dioxitek, (empresa de la CNEA y el Gobierno de Mendoza) en el barrio Alta Córdoba, recibía el uranio natural para convertirlo en dióxido de uranio, que se transformaba en el LPR de Ezeiza, Bs. As., en combustible para las centrales nucleares. En 1985 la ciudad de Córdoba sancionó una ordenanza que prohíbe este tipo de fábricas en el ejido municipal. Recién nueve años más tarde la Municipalidad empezó a solicitar formalmente la relocalización de la planta.
CNEA, la responsable de Dioxitek, depositó en un barrio densamente poblado más de 57.000 toneladas de residuos de uranio, radiactivos y tóxicos, sin protegerlos con membrana y contaminando el aire, el agua y el suelo. Y esos residuos siguen allí.

En 1995 se acordó el traslado, evaluándose a lo largo de 9 años, varios sitios probables, cuyas poblaciones y autoridades rechazaron de plano recibir esa empresa tan contaminante. La CNEA adquirió predios en varias de esas localidades, por valores altísimos, antes de saber si podría o no trasladar la planta hasta allí. De esos hechos deberá dar razón ante la justicia.
Finalmente, cayó en desgracia Formosa, a instancias de Julio De Vido y el gobernador Insfrán.

Pero, había un problema: Formosa tenía una ley que prohibía instalaciones nucleares. Para el gobierno no fue un freno: en 2014, disimulado dentro de un proyecto de ley de Presupuesto, había un artículo que dejaba sin efecto la ley de marras.

Y había otro problema más: el territorio elegido es del pueblo Qom. Las comunidades indígenas denunciaron en la Justicia Federal la violación al Convenio 169 de Derechos Indígenas. Nada ha sucedido desde entonces.

No solamente los pobladores y los ecologistas hacíamos resonar esa corrupción disfrazada de progreso: el Obispado de la Iglesia Católica en Formosa se pronunció contra este proyecto responsabilidad del gobernador Insfrán y el Ministro De Vido.

La planta de Dioxitek ahondó la división de la opinión pública en esa provincia, que asegura que se usa el engaño de la construcción de un Polo Científico Tecnológico y de Innovación como atractivo disuasorio. Muchos diputados repudiaron el proyecto y pidieron una consulta popular.

En agosto de 2015 la ONG “Paraguay Renovable Antinuclear”, expuso ante el Parlamento del Mercosur la necesidad de que la población paraguaya conozca los riesgos que implica la futura instalación de la planta nuclear en la fronteriza provincia. Senadores paraguayos viajaron a la provincia de Córdoba para conocer la antigua planta, sin que se les permitiera ingresar; se produjeron marchas en contra y audiencias públicas en el Congreso paraguayo.
La planta en cuestión está siendo emplazada a metros del riacho Formosa, que desemboca en el Río Paraguay, a metros de la ruta 81 y a tan sólo 16 Km del centro de Formosa, cien kilómetros del límite con Paraguay y 170 Km de Asunción. La disputa fue llevada al plano judicial y el Juzgado Federal 2 de Formosa rechazó dos planteos de paralización de obras.

La Senadora Morandini presentó en 2015 un Pedido de acceso a la Información Pública, que nunca tuvo respuesta: “¿Será posible que el Presidente de la empresa Dioxitec S.A. desconozca que se está construyendo una nueva planta en la provincia de Formosa? ¿Cómo puede afirmar que Dioxitek presenta periódicamente los informes de avance de obra ante la Municipalidad, pero que todavía no se cuenta con un “Plan de Traslado”? ¿Por qué se contrató a la UTN -a un costo de $400.000- para realizar un estudio sobre posibles sitios de relocalización de Dioxitek S.A. si luego los resultados de esta consultoría serán archivados sin consideraciones? ¿Nada explica el Presidente sobre la compra de inmuebles en las localidades de Despeñaderos (Córdoba) y La Rioja (La Rioja), en los que resultaba imposible la instalación de la planta de producción de UO2”?


El proyecto es enormemente controvertido, está rodeado de actos de corrupción y viola los derechos de las comunidades indígenas. Ni siquiera tiene aún Evaluación de Impacto y está construyéndose a toda prisa. Y se le encargó esa EIA... ¡a una de las propietarias de Dioxitek!
El uranio, en teoría, llegará y saldrá de la planta por tierra, recorriendo con camiones ultra pesados, miles de km de rutas en mal estado. Ciudades y pueblos verán pasar esta caravana de peligro, en provincias y ciudades declaradas por sus Constituciones o sus Concejos Deliberantes como “zonas no nucleares”.

Nadie, del gobierno nacional o de la justicia, interviene para detener este dislate?

Verde Ver