Agrupaciones se manifestaron pidiendo justicia ambiental

 Este viernes, una amalgama de grupos ciudadanos, entre ellos activistas ecologistas, comunidades indígenas mapuches y espacios interculturales, se congregaron en la plaza del Centro Cívico de Río Negro para exigir la inmediata derogación de leyes que alteraron el régimen de tierras fiscales y ampliaron el poder de las corporaciones mineras en la región.

El propósito de este encuentro fue expresar posturas tanto políticas como artísticas, coincidiendo con el 12.º aniversario de la derogación de la Ley Anticianuro, sancionada por la Legislatura provincial en 2011, un hito que marcó siete años de movilizaciones en defensa del agua y en contra de la megaminería.

Los manifestantes destacaron la veloz aprobación de cuatro leyes por parte de la bancada de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la semana previa al balotaje presidencial que desencadenó la furia de la sociedad. Estas modificaciones, impulsadas a pesar de la enérgica oposición de grupos como el pueblo mapuche-tehuelche y las asambleas socioambientales, se concretaron "casi en secreto" durante la primera semana de diciembre, "cuando la atención pública se centraba en los eventos institucionales de Buenos Aires".

Un comunicado leído en la plaza del Centro Cívico denunció la similitud de esta estrategia con la maniobra realizada en 2011, cuando la Ley Anticianuro fue derogada "bajo la sombra de las festividades de fin de año y las distracciones vacacionales".

Los manifestantes criticaron la premura de los legisladores y destacaron la deuda pendiente de los gobiernos de JSRN con las comunidades mapuche-tehuelche, señalando la falta de avances en el relevamiento territorial de estas comunidades y la ausencia de normativas que protejan la propiedad comunitaria indígena.

En contraposición a las promesas del gobernador Alberto Weretilneck de buscar un equilibrio entre la minería y el respeto por el entorno natural, los manifestantes afirmaron categóricamente: "Con la megaminería no hay convivencia posible porque es destructora de todas las vidas".

Este reclamo se produce en el contexto de un proyecto liderado por el bloque JSRN, respaldado por otros bloques pero rechazado por el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina.

El proyecto busca otorgar mayores poderes a la Dirección de Tierras, generando preocupaciones sobre la protección de pequeños productores frente a grandes empresas, la regulación de la venta de tierras y la preservación de los recursos naturales.

Además, se pretende modificar aspectos relacionados con la actividad minera, incluyendo el procedimiento y la recaudación de regalías. La centralización del cobro de regalías en el ejecutivo, dejando de lado la participación de los municipios, ha despertado inquietudes, al igual que otras modificaciones que carecen de detalles específicos. (ANB)