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En los últimos años, San Carlos de Bariloche se ha transformado en un polo de atracción para gran cantidad de personas debido a la migración de numerosas familias en busca de oportunidades laborales, crecimiento profesional y/o una mejor calidad de vida.
Esto, sumado a la constante afluencia turística que se vislumbra tanto en la temporada de invierno como en la de verano; la llegada de los estudiantes de diferentes puntos del país con la vuelta a la presencialidad en las universidades; la insuficiente inversión estatal en materia de infraestructura y el propio crecimiento de la población produjeron el incremento de la demanda habitacional en un mercado ya de por sí acotado.
Ante esta situación, muchas personas coinciden en que nunca costó tanto conseguir alquiler en la ciudad, además de los valores exorbitantes y la cantidad de requisitos que exigen al momento de ingresar a una vivienda. Esto sucede a raíz de que propietarios e inmobiliarias que tienen viviendas para alquiler permanente las destinan para el turismo y, en la época de temporada, la oferta es prácticamente nula. Por ejemplo, un departamento con una habitación tiene un valor mensual de $60.000, aproximadamente.
En diálogo con ANB, Roberto Díaz, titular de la Asociación de Inquilinos Río Negro contó que es ilegal el traspaso que se hace de un tipo de alquiler a otro debido a que hoy en día la mayoría de personas que ofrecen viviendas turísticas no están habilitadas para hacerlo ni tampoco tributan ningún impuesto.
“Esto genera varios perjuicios para los barilochenses: no sólo que no tienen dónde vivir, sino que, además, el que alquila de manera turística perjudica a los hoteles, cabañas y otros lugares que sí están habilitados, que generan fuentes de trabajo y pagan sus impuestos que se destinan para hacer obras en la ciudad”, afirma el referente.
Más allá de que esta crisis afecta a toda la Argentina, en el caso particular de Bariloche sucede, en primer lugar, que no hay una política pública ni una ordenanza que regule los alquileres turísticos, ponga un tope en la cantidad permitida y que, también, controle los alquileres ilegales.
“Esto está dejando a los barilochenses sin posibilidades de vivir en la ciudad”, sostiene Díaz. Son varias las historias de personas que deben volverse a la ciudad de donde llegaron a Bariloche por el hecho de no poder conseguir un alquiler.
En segundo lugar, algunas veces la imposibilidad de alquilar una vivienda permanente tampoco tiene que ver con cuestiones de dinero ya que muchas veces son profesionales que cuentan con recibos de sueldo y todo lo que se pide para ingresar.
“Estos días se puso en contacto una pareja donde el hombre consiguió trabajo en INVAP y la mujer para dar clases en escuelas secundarias, pero no se pueden venir a Bariloche porque no tienen donde vivir. Entonces, momentáneamente, deben alquilar en lugares turísticos, pagando a precio turista”, relata Díaz.
Desde el gobierno provincial junto al gobierno municipal declaran a Bariloche como una ciudad turística pero también como la capital de la Ciencia y la Tecnología, sin embargo no se piensa dónde van a vivir las personas que migren para trabajar en esos sectores porque lse necesita gente especializada como mano de obra que llega desde otras partes del país.
Bariloche tiene una tasa interanual de crecimiento demográfico del 0.5%. “Es una tasa muy elevada. Por eso sostenemos que es necesario armar un plan integral de acceso a la vivienda”, relata el referente.
El presupuesto 2023 que aprobó el gobierno nacional no tiene fondos para la construcción de viviendas. El gobierno de Alberto Fernández entregó, el año pasado, 70 mil viviendas, de las cuales 65 fueron destinadas a Río Negro, cuando Argentina tiene un déficit de un millón y medio de viviendas. “No hay tiempo en un años de construir todas las viviendas que se necesitan para que la gente pueda vivir”, afirmó Díaz.
La nueva y polémica ley de Alquileres
Muchas personas sostienen que desde que entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres se agudizó la problemática. En este sentido, se cree que la posible reforma solo podría tratarse a mitad de 2023 y las cámaras e inmobiliarios siguen reclamando que se modifiquen los dos temas neurálgicos.
Por un lado, se solicita que A vuelvan a ser a dos años la duración de los contratos y no a tres como ahora. tamnién piden que el método de ajuste sea de libre acuerdo entre partes y aumentos semestrales porque consideran que a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central impacta mucho el papel de la inflación.
Sin embargo, Roberto Díaz sostiene que la ley sí sirve, sólo falta esa pata que no está aplicada que tiene que ver con la regulación de precios.
“Desde la Asociación de Inquilino Río Negro pedimos incluir un artículo para que los precios se regulen con un tope entre contrato y contrato pero el mercado logró que no se incorpore en esta nueva ley con lo cual quedo exactamente igual que la ley anterior, es decir, nunca en Argentina se reguló el precio entre contrato y contrato. Ese es el gran problema que tenemos y donde más está impactando el precio de los alquileres permanentes”, relató.
También dice que es necesario señalar que la ley está conteniendo los precios, es decir, si no tuviéramos ley, con este coeficiente que dicta el Banco Central, los precios estarían mucho más altos. “El 81% de aumento que marca la ley para este enero es para los contaros que ya están firmados. Por supuesto que es un número importante porque impacta en el salario que no evoluciona de la misma forma que lo hace el precio de los alquileres”, cuenta Díaz.
Hay que tener en cuenta que cuando termina un contrato e inicia uno nuevo, el precio que aumenta la inmobiliaria es entre el 120% y el 150% entonces al no estar regulado el precio entre contrato y contrato se dan los mayores aumentos. Cuando se compara el aumento del 81% que marca la ley con el 150% que está aumentando el mercado inmobiliario, hay 70 puntos porcentuales de diferencia entre un precio y otro. Razón por la cual el sector inmobiliario y muchos políticos quieren, desde hace mucho tiempo, derogar la actual ley de alquiler.
Inquilinos, por siempre inquilinos
Por supuesto que toda esta situación trae otra cuestión de fondo que tiene que ver con el acceso a una vivienda propia: “De 2003 a 2013 se construyeron un millón de viviendas, pero lo que pasó es que se concentró mucho más la vivienda, es decir, había menos propietarios y más inquilinos”.
Esto ocurre porque cuando la vivienda está dolarizada y los salarios van por un carril que nada tienen que ver con el precio del dólar es cada vez más difícil poder acceder a ese mercado. Sólo pueden hacerlo quienes están ligados a un sistema financiero en dólares.
“Claro, cómo se puede lograr eso si los alquileres están tan altos que se llevan entre el 60% y el 70% del salario de las personas que alquilan, entonces ese inquilino no puede dejar de ser nunca inquilino porque no tiene capacidad de ahorro, no puede acceder a créditos y mucho menos comprar”, concluye Roberto Díaz.
Es importante y urgente que, frente a una demanda creciente, el Estado municipal establezca la Emergencia Habitacional a fin de instalar la temática como prioritaria al momento de planificar, tratar y ejecutar medidas tendientes a modificar esta situación porque el acceso a una vivienda diga es un derecho primario y constitucional.