Buscan declarar la emergencia frutícola en Río Negro

 Los representantes rionegrinos en el Senado presentaron un proyecto de ley para paliar las consecuencias y ayudar a los productores afectados por las fuertes heladas de finales de octubre. Señalaron que se necesitan medidas impositivas especiales, prórrogas y la suspensión de intimaciones.

Solicitaron al Gobierno Nacional una partida económica específica para asistir a los damnificados y reconstruir las economías regionales afectadas, y la aplicación de medidas impositivas especiales como eximir total o parcialmente u otorgar prórrogas al vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia.

También propusieron eximir total o parcialmente y otorgar prórrogas de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de las regiones afectadas por esta situación extraordinaria.

Por otra parte, requirieron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Banco de la Nación, adopte medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores afectados. Lo mismo con regímenes especiales de pago por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para contener a los contribuyentes afectados.

Así mismo, Weretilneck y Doñate pidieron al Gobierno Nacional la suspensión “por el término de hasta un ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria”, la emisión de intimaciones por falta de presentación y/o pago y la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas de AFIP, ANSES, Banco de la Nación y demás organismos estatales que determine el Poder Ejecutivo, para los productores afectados.

En este sentido, solicitaron la suspensión por hasta 360 días hábiles judiciales pos período de emergencia agropecuaria, de los pedidos de quiebra que pueda formular la AFIP, ANSES o BNA, relativos a los productores afectados.