Cruce de responsabilidades en la causa del descarrilamiento

 A un año del descarrilamiento de la aerosilla cuádruple que dejó ocho heridos en el cerro Catedral, la causa judicial abierta para determinar responsabilidades tuvo escasos avances por los problemas de comunicación interna y burocracia que trabaron la realización de las nuevas pericias requeridas por el juez de instrucción Martín Lozada.
La instrucción iniciada el mismo día del accidente, el 12 de julio de 2013, constató las lesiones sufridas por las víctimas, que al menos en dos casos fueron graves, y definió un protocolo de seguridad para la reapertura de la telesilla que obligó a la empresa concesionaria a instalar anemómetros y contratar un meteorólogo para evaluar las condiciones de operación.
Pero no avanzó en la determinación de las causas del accidente, atribuido a una fuerte ráfaga de viento, ni de las responsabilidades por el funcionamiento del medio de elevación en condiciones de seguridad insuficientes.
Lozada informó a "DeBariloche" que el 30 de julio de ese año solicitó pericias adicionales para determinar si la maniobra realizada para detener la "Cuádruple-Punta Nevada" incidió en el descarrilamiento.
El estudio fue presupuestado por el director del Grupo de Física Forense Rodolfo Pregliasco y tramitado por el magistrado, quien aseguró que no se pudo realizar porque "desde entonces no se ha producido la autorización contable" para que el grupo de investigadores inicie su trabajo que Lozada calificó de "fundamental para proseguir con la pesquisa" y determinar si existió una acción y omisión culposa que derive en una responsabilidad penal.
El Superior Tribunal de Justicia salió al cruce de las afirmaciones de Lozada y aclaró que "no fue por falta de fondos ni de financiamiento que no se llevó a cabo aún la pericia decidida por juez" dino por errores en la tramitación de la contratación.
Fuentes del máximo estrado judicial de la provincia explicaron a este portal que ese tipo de pagos debe ser autorizado por la Administración General del Poder Judicial que al recibir el presupuesto del Grupo de Física Forense "le dio el trámite de una contratación directa" y que debido al "elevado costo" de los estudio se pidió documentación adicional que dilató la definición.
"Lamentablemente, ni el Lozada ni la Adminstración General pusieron en conocimiento del trámite al Tribunal de Superintendencia General de la Tercera Circunscripción Judicial ni a propio Superior Tribunal, lo que hubiera permitido que se le imprima la mayor celeridad que ese trámite requería, en la medida de lo reglamentariamente posible" indicaron desde el STJ.
La pericia específica solicitada buscaba determinar si el dispositivo de parada automática instalado en la torre 10 se encontraba en funcionamiento a la hora de producción del descarrilamiento", estudio que se torna menos factible a medida que transcurre el tiempo.
El STJ reflexionó que "el episodio muestra la necesidad de generar un protocolo de actuación en casos como el presente, que compatibilice la urgencia de llevar a cabo este tipo de tareas profesionales con gente ajena al Poder Judicial y el uso de fondos públicos, que debe estar revestido de una serie de formalidades y sostenido por documentación que justifique la modalidad de contratación y su gasto".