Cuestionan la legalidad de las fotomultas y su sistema recaudatorio

 El sistema de recaudación de fotomultas de Bariloche es objeto de intensa controversia en medio de acusaciones de funcionamiento ilegal. El escribano Leandro Costa Brutten solicitó la suspensión inmediata de lo que él describe como una "trampa recaudatoria", a través de un descargo.

Según la denuncia, este sistema fue implementado por la administración del Intendente Gustavo Gennuso en favor de la empresa Vial Control SA. La polémica se centra en los nuevos radares de fotomultas que han sido instalados en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la avenida Exequiel Bustillo y la 12 de Octubre.

En lugar de tener como objetivo la seguridad vial, se alega que estos radares están diseñados para beneficiar económicamente al municipio, que comparte los ingresos con la mencionada empresa de control.

Costa Brutten dialogó con ANB, y mencionó que "las fotomultas son un mecanismo de cacería, porque en Bariloche en lugar de utilizarlas como un mecanismo de control vial, e informar tanto al residente como al turista que nos visita, se hace una recaudación abusiva".

"El Estado, en vez de usar la fotomulta para regular el tránsito y hacer un control vial, lo usa junto con una empresa privada (Vial Control SA), para generar un mecanismo de recaudación, por eso las multas están en lugares sin la cartelería con la anticipación que exige la ley; están en bajadas y subidas en donde generalmente el auto tiene que tener un impulso mayor o más fuerte; están en lugares donde prácticamente las colocan con un solo fin, que es recaudar generando la fotomulta y beneficiar a un privado", denunció Costa Brutten.

La denuncia señala que estas prácticas contravienen la legislación nacional de tránsito, en particular la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En su Título VII, Capítulo I, Principios Procesales, Artículo 69, inciso "g", esta ley prohíbe expresamente el otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones.

"Un 40% de la recaudación de la fotomulta va a esta empresa, y un 10% va a un fondo especial, que nadie audita ni conoce cómo se maneja, ni cuál es el destino de los fondos. Pero este fondo tiene una particularidad, también esta empresa manipula los semáforos y los mecanismos de fotomulta", sostuvo.

Entre los argumentos del descargo, se menciona que el acta de infracción carece de pruebas sólidas y que se han violado procedimientos legales esenciales. Entre las irregularidades mencionadas se incluyen la falta de señalización adecuada, la ausencia de inspectores debidamente calificados y matriculados, así como la omisión de información crucial en las multas.

Según indicó el escribano y futuro concejal, la empresa tiene el control tanto de los radares como de los semáforos de la ciudad. "Esto es muy grave, porque le estás otorgando a una empresa privada un mecanismo que el Estado debería utilizar para educación vial y para control de velocidad y circulación. Hay otro agravante, intentaron llevar adelante la privatización del Juzgado de Faltas, y esto lo denunció oportunamente el Juez de Faltas, el doctor (Néstor) Contín. Denunció que la administración de Gennuso y esta empresa estaban avanzando en la tercerización y privatización del Tribunal de Faltas".

Los nuevos radares entraron en funcionamiento el pasado viernes 1 de septiembre. Los mismos fueron colocados en la avenida Bustillo a la altura de los kilómetros 7.900, 6.800, 11.300, 15.400, 17.100 y también en la avenida 12 de Octubre y Frey.

"Ya se extendieron hacia Dina Huapi y El Bolsón, y lo hacen sin jurisdicción. Están sobre la ruta nacional 40 Sur, y lo que hacen es poner multa a quienes pasen por ahí con estos mismos mecanismos. Estamos ante una situación abusiva que el Estado permite".