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Diputados ya analizan la Ley de Alquileres

24 Marzo, 2022 Fuente: ANB

El Gobierno anunció el año pasado que trabajaba en un proyecto de modificación de la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. Sin embargo desde hace algún tiempo, la oposición busca habilitar una sesión especial para lograr directamente la derogación de la ley vigente, por sus efectos negativos en los precios de los alquileres y en la oferta de propiedades.

En este contexto, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron a la posibilidad de tratar una nueva Ley de Alquileres en el Congreso en el canal oficial de la Cámara de Diputados.

Gabriela Lena, del bloque de la UCR, expresó que “lo que se intenta es la derogación y poder darnos un plazo para sancionar una ley” y consideró que el debate debe ser “no solamente con todos los legisladores de los distintos partidos políticos, sino que también la sociedad pueda participar”.

Por su parte, Luis Di Giacomo, de Somos Río Negro, señaló que “lamentablemente la ley, pese a sus buenas intenciones, ha fracasado rotundamente” y, en este sentido, aseguró: “Yo creo que habría que derogarla y buscar una nueva fórmula”.

El diputado indicó que “hay varios proyectos” y expresó: “Creo que tenemos que ponernos a trabajar y poder consensuar un proyecto que sea útil a la sociedad”.

Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya había considerado necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino a lo largo y ancho del país”.

A la iniciativa encabezada por la oposición, se sumará un nuevo proyecto de ley, que será presentado el viernes por el diputado José Luis Gioja, que incluye fijar topes a los precios y la posibilidad de implementar un impuesto a la vivienda ociosa, que dependerá de cada jurisdicción.

La propuesta se armó con varios objetivos: no aceptar peores condiciones para los inquilinos que las que están plasmadas en la Ley 27.551; tender a un mercado inmobiliario más transparente; y un abordaje integral del derecho a la vivienda, más allá de la Ley de Alquileres.

Por eso, el proyecto apunta a un Programa Nacional de Viviendas con un sistema de gestión pública de alquileres regulado por el Estado. Entre los puntos del proyecto, que está en la parte final de la elaboración, se mantiene la duración actual de tres años para los contratos y se mantiene la actualización anual, como dice la ley vigente.