El caso Vicentin también divide aguas en Río Negro

La discusión por el futuro del grupo agroindustrial Vicentin también encuentra distintos abordajes en Río Negro. Mientras el gobierno nacional apura gestiones para sumar adhesiones, otros referentes se encargan de demostrar que el presidente Alberto Fernández incurre en un grave error.

Entre las voces disidentes se encuentra la del diputado cordobés Luis Juez (Juntos por el Cambio), quien ofrece su visión respecto al conflicto desde una de las provincias en las que se vive con mayor intensidad el debate dada su pertenencia histórica con el sector agropecuario.

En diálogo con el ciclo Algo que decir (Radio Seis), Juez destacó que la discusión acerca de una empresa asentada a 2.000 kilómetros de Bariloche, en Avellaneda (Santa Fe), debe tomar relevancia en la ciudad por la repercusión que podría tener la expropiación en actos futuros.

“Mañana vienen por vos”, advirtió y dijo que el argumento que apuesta por la soberanía alimentaria también se podría utilizar en la actividad turística. “Mañana dicen que necesitamos recuperar y traer dólares por medio del sector del turismo, van a reclamar la soberanía turística y hotelera y van por los hoteles de Bariloche”, graficó.

El diputado, reconocido por su particularidad discursiva, opinó que el salvataje a Vicentin forma parte de una “mentira fragrante” que se esconde en un elaborado discurso: “porque atrás de esto hay un anuncio rimbombante, una conducta ética que esconde fines que no se pueden confesar”.

Juez acusó al gobierno de no conocer el funcionamiento del sector productivo argentino y entendió que, si la empresa tiene problemas económicos deberá resolverlos en la Justicia. “Si puede levantar el concurso es un problema de Vicentin y si no puede, que quiebre”, confió.

El cordobés, quien desempeñó funciones de embajador en Ecuador, aseguró que la intención de Alberto Fernández es adentrarse en un sector “que presupone extremadamente rentable”. Según explicó, la producción primaria es una opción para asegurar ingresos económicos al país, obtener dólares “que necesita para financiar un presupuesto totalmente destrozado”.

Juez denunció que el gobierno nacional llevó 4.500 millones de pesos, en auxilio económico, a los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) porque resulta clave que los diputados de estas provincias productoras se presenten en el Congreso para debatir el proyecto oficial.
“No llegás a gobernar un provincia de éstas si no tenés una relación muy sólida con el sector agropecuario”

Según analizó, si los diputados que están en desacuerdo asisten al debate facilitarán el quórum necesario para tratar el proyecto y será aprobado por simple mayoría. Y criticó la estrategia oficial por trata de recuperar lo invertido por medio de los préstamos del Banco Nación: “me voy a quedar con una empresa que tiene una deuda cuatro veces más grande que lo que le deben”.

Juez volvió sobre la necesidad del gobierno de entrar al mercado de capitales por medio de un grupo empresario que posee el 11% del acopio de granos en la Argentina. “De esta manera podrían armar una Junta Nacional de Granos con el Estado fijando precios de referencia”, comentó respecto a un organismo que funcionó hasta 1991.
”No es Vicentin, póngale el nombre que quiera. No creo que en una democracia tengamos que alimentar la palabra expropiación”

“Se discute un solo proyecto, se expropia o no se expropia”, enfatizó respecto a la idea anunciada semanas atrás desde el Ejecutivo Nacional y que tuvo amplia repercusión en el ámbito político. Para Juez, la ausencia de los diputados obligará al gobierno a replantear la situación con los acreedores y que el magistrado de la quiebra aplique “algún mecanismo”.

“No es que no haya herramientas para resolver el problema de Vicentin. Hay un montón. Lo que pasa es que no están las que quiere el gobierno”, concluyó.
¿Qué pasa en Río Negro?

Los representantes rionegrinos también deberán tomar partida en un eventual debate en el Congreso. Entre ellos se encuentran aquellos que conforman el bloque oficialista (Frente de Todos), quienes no tuvieron expresiones públicas de apoyo a la expropiación pero avalan otras acciones.

Este es el caso de la senadora Silvina García Larraburu, quien hace algunos meses se ofreció como autora del proyecto de ley para crear una nueva Junta Nacional de Granos, para legislar sobre el sector.

Por ese entonces se mostró crítica con la desregulación de la producción, situación que, según declaró, hizo que todo quedara en manos de privados, “quienes generalmente responden a intereses foráneos o particulares”.

Martín Doñate tampoco ofreció una definición respecto al caso Vicentin, aunque se mostró a favor de crear una Comisión Bicameral que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y el grupo agroexportador.

El diputado Martín Soria fue directo y anunció en sus redes: “con el rescate de Vicentin, Argentina da un paso hacia la Soberanía Alimentaria” y consideró que es una decisión estratégica para la economía nacional luego de la pandemia. En el mismo sentido se pronunció Graciela Landriscini, pero no así Ayelén Spósito quien guarda silencio ante el caso.

El senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) apoyó la creación de la comisión investigadora aunque prefirió diferenciar las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas o de YPF. En declaraciones a Senado TV opinó que la cerealera no es una empresa monopólica con incidencia en el país: “el Gobierno tiene que evaluar si va a poder fijar una política agrícola ganadera del país y si tiene apoyo popular".

En la misma incógnita se encuentra el diputado Luis Di Giácomo.

En el otro extremo se encuentra la diputada Lorena Matzen (UCR), quien en cada aparición pública dejó en claro que la expropiación de Vicentin le parece confiscatoria, con el Ejecutivo Nacional tomando atribuciones del Poder Judicial, y hasta celebró la orden judicial que restituyó en funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del gobierno como veedores. “Frenó el abuso del gobierno nacional, la intervención era inconstitucional”, dijo.