El conflicto con los guardavidas puede costarle a Bariloche más de 5 millones de pesos

 Aunque la temporada de playas ya terminó, el áspero conflicto que mantuvo el municipio con el sindicato de guardavidas y que incluyó un fallo judicial en favor de los trabajadores podría generarle a las arcas públicas un costo superior a los 5 millones de pesos.

Los guardavidas iniciaron su demanda a fines de noviembre, cuando el municipio anunció que recortaría ese servicio durante esta temporada y que además impondría reglas más estrictas para la reválida y admisión de los interesados.

La organización gremial acudió a la Justicia, en medio de un duro cruce de acusaciones, y las playas tuvieron en las primeras semanas del verano una vigilancia recortada, con menos de una decena de guardavidas.

La medida cautelar dispuesta por la Cámara del Trabajo a comienzos de febrero favoreció a los 35 trabajadores que habían firmado la demanda y ordenó al municipio reincorporarlos, pagarles los salarios caídos, respetar las condiciones previas de contratación y de incumplir esa manda le impuso una multa diaria de 1.000 pesos por trabajador.

La gestión Gennuso apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia pero al mismo tiempo lo acató en forma parcial, al incorporar a 35 guardavidas para los últimos 20 días de la temporada. Los salarios no reconocidos por el primer tramo del verano permanecen impagos, dijo hoy el secretario general del sindicato, Juan Rapaport.

Aseguró que la suma representa unos 120 mil pesos netos por trabajador (80 mil de bolsillo) cada 30 días. Basta multiplicar ese monto por 35 guardavidas y considerar que estuvieron 45 días inactivos por decisión municipal para concluir que la deuda global, según lo dispuesto por el fallo, superaría los 5 millones de pesos.

Si se le agrega la multa acumulada desde el 9 de febrero (cuando salió la sentencia) hay que sumar otros 910 pesos acumulados hasta hoy, sin considerar los intereses y costas.

En su discurso de apertura de la actividad legislativa, el último jueves, el intendente Gennuso repasó todos los temas importantes de su gestión pero nada dijo del conflicto con los guardavidas.

Rapaport señaló que esa omisión les resultó “llamativa” y también les extraña que el intendente “siga sin reconocer errores ni decir cómo va a pagar la deuda”. Dijo que ahora la decisión ahora la tiene el STJ pero insistió en que el sindicato, con apoyo técnico de sus abogados, ya dejó sentada su postura de que la apelación “no suspende los términos”, que el municipio debería cumplir la medida cautelar en todos sus puntos, y que la multa “sigue corriendo y es cada vez más abultada”.

Según Rapaport, también presentaron un escrito para exigir que esa sanción económica (cercana hoy al millón de pesos) no recaiga sobre la tesorería municipal, “sino que sea afrontada en forma personal por el funcionario responsable”, es decir el intendente.

“Hay jurisprudencia sobre el tema y el Tribunal va a decidir en definitiva -agregó-. Lo que considera la Justicia es que estas medidas pierden eficacia si no hay afectación patrimonial al responsable”.

Rapaport dijo que “desde una lectura más política” de todo lo ocurrido, los guardavidas están convencidos de que el gobierno “lo que intentó y no pudo hasta ahora es tercerizar el servicio y las playas. Y es el motivo por el que persisten en esta postura”.