El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares

 La administración nacional ha decidido tomar una ruta controversial respecto a la normativa de conservación de glaciares. Con la intención de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares, el gobierno busca ampliar y facilitar la actividad económica en áreas inicialmente protegidas por su valor ambiental. Esta iniciativa, evidentemente, ha suscitado inquietudes sobre su impacto medioambiental y la posibilidad de abrir la puerta a empresas que hasta ahora estaban limitadas por las medidas de conservación establecidas.

Según fuentes gubernamentales, el equipo técnico encargado de supervisar este cambio ha estado trabajando en reducir la cantidad de territorios excluidos de actividades que incluyen desde la minería hasta el manejo de residuos. Los glaciares y sus áreas periglaciares – zonas crucialmente valiosas para la regulación hídrica – podrían ver reducidas sus fronteras de protección. Según el nuevo decreto, solo aquellas áreas con especificidades como actividad de roca y escombro, un tamaño mínimo considerable, un tiempo de formación prolongado, y su inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares serían resguardadas.

Las razones oficiales para esta modificación argumentan una necesidad de 'seguridad jurídica' que permita el avance de proyectos estancados previamente por la ley promulgada en 2010. La influencia de sectores empresariales ligados a la energía y la minería pareciera haber jugado un papel importante en esta decisión, presionando para un cambio que esclarecería las pautas para grandes inversiones que acrecentarían la actividad económica del país.

Por el contrario, hay una alarma creciente entre grupos ecologistas y científicos que argumentan que tales cambios no solamente debilitan las medidas de protección de entornos naturales de alto valor, sino que además sientan un precedente preocupante al colocar el retroceso de regulaciones conservacionistas frente a ganancias económicas a corto plazo. La comunidad internacional tampoco ha tardado en reaccionar, con relevantes actores expresando críticas y advertencias respecto a los riesgos que este tipo de acciones representan.

Cabe señalar que, en varios intentos previos para llevar este proyecto de modificación al Congreso, la falta de un soporte contundente llevó a detenerse en sus etapas iniciales. Sin embargo, el gobierno parece decidido a avanzar mediante decretos para sortear la oposición legislativa, lo cual promete ser una tarea ardua considerando la diversidad de opiniones al respecto.