El municipio de Bariloche negocia con un desarrollador privado la generación de 600 lotes sociales

El propietario de una fracción de 150 hectáreas al pie del cerro Ventana presentó un proyecto de urbanización que el municipio estaría dispuesto a validar mediante un acuerdo de “plusvalía”, que permitirá generar 600 lotes “de interés social”, a precios accesibles para quienes no tienen forma de resolver su necesidad habitacional.

De esos 600 terrenos alrededor de la mitad (la proporción todavía está en debate) pasarían a integrar el banco de tierras del municipio, para distribuirlos con los criterios que fije el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, según su “registro de demandantes”, que tiene hoy no menos de 1.750 inscriptos.

El resto deberán ser comercializados por el dueño con un precio “techo”, que estará por debajo de los valores de mercado.

El presidente del Instituto de Tierras, Javier Giménez, dijo que los lotes sociales vendidos por el privado tendrían “valor Procrear”, que según estimó hoy ronda los 2 millones de pesos. Y que los del Instituto se venderán a la mitad (1 millón de pesos), con financiamiento a 10 años. Son cifras imposibles de encontrar hoy en la oferta inmobiliaria.

Toda la operatoria está todavía bajo análisis del Instituto y de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. La intención del Ejecutivo es firmar el convenio y enviarlo al Concejo antes de fin de año al Concejo, que necesariamente debe avalarlo con una mayoría especial de dos tercios.

Giménez dijo que la urbanización completa superaría los 1.000 lotes y que los 600 de interés social tendrían una superficie de 200 metros cuadrados. Señaló que su propósito es que los terrenos que reciba el municipio tengan ya la infraestructura de servicios básicos. Ese tema es también materia de negociación. Señaló que salir hoy a conseguir las obras es engorroso para el municipio, es caro (en promedio, 900 mil pesos por lote) y la experiencia demuestra que esas gestiones provocan demoras indefinidas en la concreción de las soluciones habitacionales.

Según Giménez, el preacuerdo con el desarrollador, a quien identificó como “Di Tulio”, sería para que la mitad de los 600 lotes sociales pasen al patrimonio municipal, pero admitió que se conformaría con menos si llegan con los servicios. “Podrían ser 200 lotes”, conjeturó.

El funcionario admitió que ese número está lejos de achicar el déficit que arrastra Bariloche en materia habitacional. Pero señaló que el mismo régimen de “plusvalía” y contraprestaciones con titulares de loteos privados “sería el modelo a seguir a futuro en otros casos” que podrían aportar más tierras.

La última depuración del registro de demandantes que administra el IMTV habría determinado un número de1.750, pero Giménez dijo que esa lista se engrosa todos los días y ya tiene “alrededor de 3.500 anotados”.

Dijo que allí hay personas de muy distinta situación socioeconómica, de modo que la intención del Instituto es dividir por mitades la partida de lotes que se entregarán a libre demanda y asignar un 50% a familias “en situación de vulnerabilidad”, con escasa o nula capacidad de pago, y el resto a otras que por sus ingresos puedan pagar regularmente las cuotas.

“Queremos que haya un régimen eficiente de recupero, algo que el Instituto nunca tuvo, porque la ordenanza le encomienda administrar las tierras propias del municipio, y si no hay manda a comprarlas, pero es imposible sin recursos”, afirmó Giménez.

La concejal Julieta Wallace (del Frente de Todos) dijo que conoce el proyecto, que han prometido enviarlo este año y que “por cuerda separada deberá entrar la urbanización privada para su evaluación por Rango III”, es decir con el mayor grado de exigencia, que incluye el llamado a audiencia pública.

Según Wallace hasta ahora “el ida y vuelta con el privado no incluye las obras de infraestructura” y ese es un punto clave. Señaló que desde su bloque van a exigir que los lotes que se incorporen al banco de Tierras del municipio tengan los servicios a cargo del desarrollador y que el permiso para comercializar los lotes de interés social que queden en su poder sea con precio tope “y sin plazo de venta”.