El proyecto hotelero Cauma sigue generando polémica en Bariloche

 El proyecto urbanístico Cauma continúa generando polémica en la ciudad. Vecinos, ambientalistas y concejales de la oposición, acusan al emprendimiento de provocar daños ambientales, contener irregularidades administrativas y carecer de licencia social.

En el programa de radio Ideas Circulares, se presentaron los diferentes puntos de vista al respecto sobre el desarrollo ubicado a la altura del kilómetro 19,5 de la avenida Bustillo, que contempla la construcción de un hotel de unos 6000 metros cuadrados.

Desde el Ejecutivo Municipal, Sofía Maggi, titular de la Secretaría de Planeamiento Territorial, aclararon que el planteo sobre el proyecto Cauma no surge desde el municipio, sino de un grupo de vecinos que considera que hubo una vulneración ambiental en su aprobación. En ese sentido, recordaron que este proyecto no fue autorizado en la actual gestión, sino que cuenta con antecedentes que se remontan a 2020, bajo la administración anterior.

Consultada sobre la posibilidad de revocar las licencias, la funcionaria fue categórica: “No existe un antecedente dentro del municipio en el que se haya revocado una licencia para construir. No me parece una decisión que pueda ser tomada a la ligera, mucho menos en un marco de presión como el actual”, expresó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias legales y económicas que una medida de ese tipo podría significar para el Estado.

En relación al expediente y su revisión, explicó que “inclusive antes de que yo asumiera el cargo, fue revisado nuevamente por las áreas técnicas y no advierten irregularidades”. Además, aclaró el rol que debe cumplir el municipio en estos casos: “Acá hay un propietario y un profesional que presentaron un proyecto para ejecutar en la parcela, y la Municipalidad debe verificar que ese proyecto encuadre dentro de los parámetros normativos”.

Sobre las dimensiones del emprendimiento y su compatibilidad con el entorno, la titular de Planeamiento detalló: “La parcela posee una superficie total de 61.563 m², de los cuales, de acuerdo al informe de sensibilidad ambiental, un 71,5% resulta muy apto o apto. Esto equivale a 44.000 m² a los que se les aplica un factor de intervención total del 30%, dando 18.000 m², y un factor de ocupación del suelo del 12%, que resulta en 5.000 m². Así se llegó a que lo que se puede construir son 8.800 m² sobre la superficie apta”.

Por otra parte, remarcó que “este tema viene desde hace mucho tiempo, inclusive hay abundante documentación en la Secretaría y fue tratado en el Concejo, con funcionarios convocados previamente a que se otorgaran las licencias”. Y sostuvo que actualmente no hay órdenes judiciales ni determinaciones que obliguen al municipio a suspender o anular los permisos otorgados.

Si bien reconoció que existen cuestionamientos, también aclaró que “hay vecinos del sector que no manifestaron oposición al proyecto”. Sobre este punto, indicó: “Se habla de que este proyecto no tiene licencia social, pero la documentación remitida al Concejo en 2020 y 2021 acredita que se transitó un proceso participativo. Incluso, la Defensoría del Pueblo participó a pedido de los vecinos”.

Por último, enfatizó que el emprendimiento cuenta con un seguimiento permanente por parte del municipio. Según explicó, “cuando se tramitó la consulta preliminar y las licencias para construir, se exigió que cada avance sea informado al municipio. Esto, más que cualquier otra obra, tiene un control constante y el compromiso de los profesionales de informar cómo continúa”.

Los vecinos

Desde hace años, este proyecto ha generado preocupación en distintas organizaciones y vecinos, que advierten irregularidades desde sus inicios. “Realmente no nos extraña porque es un proyecto que viene muy complicado hace muchos años, desde la reserva, y nosotros estamos luchando para tratar de parar esto", señalaron. Además, recordaron que durante la gestión de Gennuso se intentó frenar la iniciativa, aunque finalmente avanzó gracias a la entrega de múltiples concesiones que contradecían lo establecido por el código vigente.

Por otra parte, manifestaron su desconcierto respecto al accionar de las autoridades provinciales. "Estamos desorientados con la Dirección de Bosques también, que se supone que tienen que preservar el bosque, los mallines, y siguen autorizando cosas", advirtieron. Como ejemplo, señalaron que se detectó la extracción árboles recientemente, en plena jornada de feriado, cuando no suelen realizarse inspecciones, y que camiones trasladaban coihues, una especie de alto valor ambiental para las zonas de montaña.

A esto se suma otro aspecto que genera inquietud: las dudas sobre la titularidad de las tierras involucradas. Según denunciaron, “realmente llama la atención cómo están aprobando semejante proyecto y donde hay muchísimas dudas sobre la titularidad”. Según explicaron, existen poderes que no cuentan con un respaldo claro, y quienes debían aclarar su origen jamás lo hicieron, permitiendo que el expediente continuara su curso de manera irregular.

En este contexto, el objetivo de las organizaciones es detener momentáneamente el proyecto y exigir una revisión completa del expediente. Al respecto, indicaron que “se va a determinar qué cosas están bien, cuáles están mal, y tal vez modificar ese proyecto”. Sin embargo, advirtieron que hasta el momento todo ha sido una sucesión de trabas e inconsistencias.

Finalmente, advirtieron sobre las presiones políticas y económicas que rodean el emprendimiento. En este sentido, sostuvieron que “hay muchas presiones de todos lados, desde el gobierno, desde el poder económico, desde que tienen miedo de que le hagan juicio al municipio”, pero subrayaron que todo eso se puede defender perfectamente bien si se cumple con las leyes ambientales, que son todas de rango constitucional.

Consensos

Gerardo Del Río, presidente del Concejo Municipal, insistió en que el debate debe avanzar respetando las normas vigentes, pero también escuchando a todas las partes involucradas. "Nosotros lo que tenemos que hacer es que todo esto avance conforme a lo que marca la normativa, pero escuchando las dos campanas y acercando posiciones, de eso se trata. Nadie tiene la verdad absoluta", señaló, y agregó que la responsabilidad del Concejo es garantizar un marco de trabajo donde puedan convivir las distintas miradas.

Consultado sobre la relevancia que tiene la opinión de la comunidad en este tipo de decisiones, Del Río fue claro: Es importante porque claramente de ahí se construyen las licencias sociales para todo lo que es el crecimiento de nuestra ciudad. En ese sentido, explicó que muchos proyectos logran concretarse con mayor facilidad cuando cuentan con el acompañamiento de la ciudadanía, y que esa participación también permite exigir que todo se realice de acuerdo a la normativa vigente. "Eso es lo relevante: que esté todo apegado a la ley y con el consenso y el acompañamiento de los vecinos", subrayó.

Finalmente, se refirió a las acusaciones de sectores que denuncian una intención de dilatar los tiempos de tratamiento, y fue categórico: "Eso, la verdad, me tiene sin cuidado porque son apreciaciones personales". Según expresó, el objetivo de su gestión es trabajar por y para el vecino, de forma ordenada y escuchando ambas posturas. Además, remarcó que la prioridad debe ser "garantizar oportunidades laborales y desarrollo para Bariloche, sin dejar de lado el respeto por las normativas. No podemos seguir negándole acceso a todo el mundo que quiera venir a invertir cuando vemos que tenemos muchísima miseria, muchísimos vecinos que no tienen trabajo. Nuestra responsabilidad es priorizar eso, pero siempre dentro del marco normativo", concluyó.

Desde la oposición

Del otro lado, concejales como Julieta Wallace cuestionaron la falta de transparencia en la tramitación de permisos y señalaron que el proyecto “carece de licencia social y excede ampliamente la escala razonable para la zona”.

Según señaló, aunque desde el oficialismo argumentan que hay vecinos que apoyan la iniciativa, “lo que no vemos actualmente es que haya licencia social sobre un proyecto que está pasado de escala, como sucede en muchos proyectos en Bariloche”.

En ese sentido, Wallace aclaró que “uno no está en contra del desarrollo”, aunque remarcó que “tiene que ser un desarrollo acorde a las normas, un desarrollo sustentable, con instancias de participación ciudadana y audiencia pública”. Consideró preocupante que se estén omitiendo aspectos centrales como el dictamen de la Reserva Natural Urbana, y enfatizó: “Si el Ejecutivo hace bien todos esos pasos, después se vota, son los juegos de la democracia. Lo que no vemos acá es un accionar transparente y legítimo por parte del Ejecutivo, y eso, por supuesto, genera sospechas”.

Por otra parte, Wallace apuntó contra la actitud del gobierno municipal: “Lo que estamos viendo es, lamentablemente, un Ejecutivo municipal que ningunea al Concejo. Pero no es a los concejales que hoy estamos circunstancialmente; están ninguneando a una institución como el Concejo Municipal, y con eso de alguna manera a la democracia, porque somos parte, le guste o no al Intendente y a todos sus funcionarios. Entonces, no nos pueden ningunear y mirar para otro lado. Es la segunda vez que no viene un funcionario a dar explicaciones, una facultad que tenemos nosotros como concejales de citar, que nos da la Carta Orgánica”.

Finalmente, sobre el posible avance del tratamiento en comisión conjunta, la edil manifestó: “Esperemos que sí, que se avance. Nosotros queremos que haya un manto de transparencia en esto, porque si no lo que hay es manto de sospecha y cada vez es más. No entiendo la reticencia de los funcionarios de dar respuesta. Cuando no dan respuesta, uno tiene el derecho a dudar. Así que esperemos que sí, que sea auspicioso y que, si hay temas a tratar o resolver, el Concejo pueda ser un canal que recepte estas cuestiones de los vecinos y se pueda tomar una definición”. (Bariloche Opina)