Escasez de viviendas y aumento de precios: la crisis habitacional en Bariloche

 Bariloche se encuentra enfrentando una crisis habitacional tras la implementación de la Ley de Alquileres, y el marcado crecimiento poblacional pospandemia. La normativa que busca proteger a los inquilinos y establecer regulaciones en los contratos de alquiler, ha tenido impactos negativos en el mercado inmobiliario local.

La ley, que contempla ajustes anuales en los contratos basados en un índice de precios, limita los aumentos y extiende los plazos mínimos de los contratos. Esto ha llevado a muchos propietarios a retirar sus propiedades del mercado de alquileres, generando una disminución significativa en la oferta de viviendas disponibles. Como resultado, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para aquellos que buscan alquilar en la ciudad.

La falta de viviendas disponibles ha provocado un aumento en los precios de alquiler, ya que la demanda supera ampliamente la oferta existente. Esto ha obligado a muchos inquilinos a aceptar condiciones desfavorables o a buscar opciones alternativas en áreas con precios más accesibles.

La crisis habitacional ha impactado especialmente a los sectores más vulnerables de la población, como jóvenes, estudiantes y familias de bajos ingresos. La falta de viviendas asequibles ha generado dificultades para acceder a una vivienda digna y ha aumentado los índices de personas en situación de calle.

Frente a esta situación, diversas organizaciones y actores locales han instado al gobierno municipal y provincial a tomar medidas para abordar la crisis habitacional. Se ha pedido la promoción de la construcción de viviendas sociales, la implementación de políticas de regulación de alquileres justas para inquilinos y propietarios, así como el desarrollo de políticas de vivienda que respondan a las necesidades de la comunidad.

En respuesta a la problemática, la concejal Julieta Wallace ha presentado un proyecto de ley con modificaciones, eliminando la propuesta de crear un consejo local y añadiendo incentivos tributarios para fomentar el alquiler permanente. Además, plantea establecer penalidades para los alquileres no registrados y crear un fondo específico para un programa de alquiler social.

“Esperamos los seis meses que indica el reglamento del Concejo después de un rechazo, pero, además, esperamos porque el oficialismo de JSRN había dicho que iba a tomar algún tipo de medida. No hicieron nada. Un par de reuniones para la foto y nada más”, explicó la concejala. “Está claro que ni a Gennuso, ni a Carreras, les preocupa la situación de casi el 30% de los hogares de nuestra ciudad que alquilan”.

Es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inquilinos y el estímulo para que los propietarios continúen ofreciendo viviendas en alquiler. La colaboración entre el gobierno, los actores del sector inmobiliario y la sociedad civil es crucial para abordar esta crisis habitacional y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todos los habitantes de la ciudad.

Asimismo, se ha encomendado al Consejo de Planificación Municipal que proponga una zonificación para regular el alquiler turístico. Estas medidas buscan abordar los desafíos actuales y encontrar soluciones que beneficien tanto a los inquilinos como a los propietarios, al tiempo que se promueve una vivienda más accesible y justa en Bariloche.

“Es una medida que están tomando todas las ciudades turísticas de Europa. Es igual que cualquier otro uso, los organismos de planeamiento urbano deben regular en qué zonas queremos y en qué zonas no queremos que prospere el alquiler turístico”, finalizó Wallace.