Escuelas de esquí y snowboard rechazan el proyecto de inversión de Alta Patagonia

 En una extensa y dura nota dirigida al intendente Gustavo Gennuso y a los concejales, una larga lista de las más importantes entidades del rubro (Ski Max, Escuela Catedral, Mountain Club, Snowmas, La Base, Xtreme), la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADIDES), la Asociación de Instructores Independientes y la Federación Argentina que las nuclea (FADDES), consideraron que se busca “afectar áreas verdes y el patrimonio público más importante que posee la comunidad” y que se pretende “mejorar la rentabilidad del concesionario, modificando y alterando los actuales procesos y acuerdos de regulación de tarifas, a través del monopolio y control de los servicios que actualmente prestamos entre otros, las escuelas de ski y snowboard e instructores independientes”.
Allí, los profesionales de la nieve entienden que “no puede o no debe, un intendente electo por un período de 4 años, conceder por un plazo 15 veces mayor, equivalente a otros 15 períodos de Intendencia, la explotación comercial del patrimonio más importante” que posee Bariloche.
Afirman también, que “50 años de prórroga de concesión es inaceptable”, debido a “que el plazo de concesión no debe superar el de la vida útil del promedio de los medios de elevación instalados, aceptando como máximo el plazo de ley de concesiones de servicios públicos que es de 30 años”.

Catalogan además, “que es inconstitucional que CAPSA, a través de su propuesta de iniciativa privada se arrogue las facultades exclusivas sobre la delimitación, el ingreso, el derecho de admisión y el desarrollo y regulación de las actividades dentro del área concesionada” y consideran “inaceptable y contrario al interés público, que la propuesta de iniciativa privada contemple la eliminación del actual organismo de control (EAMCEC) que regula tarifas de pases al publico turista, descuentos y subsidios especiales a pases para usos sociales, residentes e instructores de ski y snowboard”.

“Es inaceptable y contrario al interés público, la modificación, eliminación o tergiversación de artículos que restrinjan o disminuyan derechos públicos contemplados en el cuerpo normativo del pliego de licitación original”, expusieron las escuelas de ski y agregaron que “no hace falta lotear y vender espacios públicos” para mejorar el servicio de transporte de esquiadores de la base al tercio superior de la montaña.

Se quejaron recordando que el actual concesionario, “tiene numerosas sanciones por falencias de servicio, que demuestran no estar a la altura de una prorroga de contrato de concesión, ni hay razón alguna (jurídica y/o económico financiera) por la cual aumentar sus derechos y beneficios contractuales”, al tiempo que pidieron mecanismos de sanción más dinámicos.

Ante estos reclamos, los profesionales solicitaron que el gobierno municipal “elabore un proyecto propio e integrador, que armonice el interés público, el del concesionario y de los privados, que pre existimos con emprendimientos complementarios propios, que la propuesta presentada por CAPSA sea comunicada a la comunidad y evaluada con tiempo suficiente y que se evalúen diversas figuras jurídicas que eviten la monopolización del servicio de concesión y de las actividades complementarias”.

Críticas a la empresa y al Estado

Para fundamentar su posicionamiento, las escuelas de ski y snowboard sostuvieron “que los parámetros de ocupación, usos y control del espacio público, deben ser acordados y aprobados previamente por la Municipalidad a través de sus procesos formales y con el tiempo necesario”.
Por otro lado, manifestaron que en cualquier licitación pública se debe mantener un equilibrio de inversiones y rentabilidad entre las partes y que en este caso en particular se debería revisar “el espíritu del pliego de licitación original” y que se debe hacer una evaluación real de la prestación de servicios públicos básicos.

Recordaron que CAPSA aún no reconoce a la Municipalidad de Bariloche como autoridad de aplicación y que desde el inicio de la concesión a la fecha, el Estado “no ha dado muestras de efectuar una supervisión y control adecuado, que a la luz de las ordenes de servicio incumplidas y las graves sanciones impuestas, debería haberle rescindido a CAPSA el contrato de concesión actual, y que lejos de ello, negocia una extensa prórroga”.

“Como agravante, el Estado Municipal, por razones incomprensibles, acepta y tolera negociar con Catedral Alta Patagonia, quien ha judicializado el consentimiento del poder concedente y cada orden de servicio que el EAMCEC emite”, agregaron.

“Si las inversiones y obras comprometidas y realizadas en estos 20 años, resultaron escasas para brindar un servicio de excelencia que atraiga más turismo, ¿qué podemos esperar de un master plan de éstas características, con 50 años de concesión? luego del furor de la inversión inicial, el estancamiento puede ser eterno y atravesar generaciones”, consideraron en la nota.

“La iniciativa privada pretende mutar de centro de ski de excelencia, a un dudoso espacio recreativo, al estilo de los parques de diversiones, los 12 meses del año, donde la práctica deportiva del esquí y el snowboard es una actividad más de las tantas, con el consecuente peligro de pérdida de foco en la idoneidad del servicio y de la comprensión de los riesgos que ello implica, con un proyecto inmobiliario aledaño que condiciona la mejora posterior de aquel”, continuaron.

Y finalizan exponiendo que en el pasado hubo concesionarios que realizaron inversiones apuntando a la calidad y a la vanguardia, pero “que no requirieron anexar un negocio inmobiliario para ser rentables, ni monopolizar las prestación de servicios complementarios como la venta de clases, escuelas y enseñanza de ski, rentals, alquileres de indumentaria y equipos, paradores, servicio de fotografía, etcétera”.