Exigen la derogación de leyes en defensa del territorio

 Grupos ecologistas, comunidades mapuches, entre otros, se unirán el 29 de diciembre, exigiendo la derogación de leyes que benefician a corporaciones mineras y modifican el régimen de tierras en Río Negro.

El próximo 29 de diciembre, a partir de las 17 horas, diversos colectivos, entre ellos organizaciones ecologistas, comunidades mapuches y espacios interculturales, se reunirán en la plaza del Centro Cívico, para exigir la pronta derogación de leyes que modificaron el régimen de tierras fiscales y ampliado las prerrogativas de corporaciones mineras en la región.

Este encuentro tiene como objetivo expresar tanto posturas políticas como artísticas, coincidiendo con el 12° aniversario de la derogación de la Ley Anticianuro, aprobada por la Legislatura provincial en 2011. Esta ley fue aprobada ignorando siete años de movilizaciones en defensa del agua y en contra de la megaminería.

Entre las preocupaciones de estos grupos se encuentra la similitud en las metodologías empleadas por el gobierno de Carlos Soria en el pasado y el actual gobierno de Alberto Weretilneck. Además, se ha señalado el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por la gestión de Javier Milei, el cual se percibe como un favorecimiento a la extranjerización de la tierra.

Los diferentes colectivos destacaron la presencia histórica de magnates como Joe Lewis y el Grupo Benetton en la región por más de 30 años, pero se advirtió que este nuevo decreto podría allanar el camino para la llegada de nuevas corporaciones y otros intereses, profundizando el capitalismo extractivista.

"El agua vale más que el oro", enfatizaron los manifestantes, rechazando cualquier diálogo con aquellos que pasan por alto los derechos territoriales del pueblo mapuche tehuelche. Exigen agua para los barrios y las huertas, y demandan la salida inmediata de las corporaciones de la zona.

Este reclamo surge en el contexto de un proyecto liderado por el bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN), el cual recibió apoyo de bloques como el Frente Renovador y Frente Grande el pasado 17 de noviembre, pero fue rechazado por el Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina.

El nuevo proyecto propone otorgar mayor poder y autoridad a la Dirección de Tierras, aunque existen preocupaciones sobre la protección de pequeños productores en comparación con grandes empresas, la regulación de la venta de extensiones de tierras y la salvaguarda de los recursos naturales estratégicos.

Además, se busca alterar códigos relacionados con la actividad minera, incluyendo el procedimiento y la recaudación de regalías. Esta medida generó preocupación al centralizar el cobro de regalías en el ejecutivo, disminuyendo la participación de los municipios, entre otras modificaciones que carecen de detalles específicos.