La Defensoría del Pueblo reactivó la Mesa de Incidencia por el Vertedero y reclamó el cumplimiento de la ordenanza de cierre

 La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche convocó este lunes (3/11) a un nuevo encuentro de la Mesa de Incidencia por el Vertedero Municipal, con el objetivo de analizar la situación actual del Centro de Residuos Urbanos (CRUM) y exigir avances concretos en el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22, que establecía su cierre definitivo y saneamiento antes del 4 de diciembre de 2023.

La reunión se realizó en el salón del barrio Cooperativa 258 y contó con la participación de los concejales Julieta Wallace y Facundo Villalba, representantes de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB), Juntas Vecinales de los barrios aledaños y vecinos autoconvocados por el Vertedero (entre ellos Marcos Armella y Tomás Guevara) impulsores de las primeras presentaciones ante la Defensoría.

A pesar de haber sido convocados formalmente, no asistieron representantes del Poder Ejecutivo Municipal, lo que fue señalado por la defensora del Pueblo, Mariana Minuth, como “una ausencia preocupante”, dado el rol central que tiene el Municipio en la ejecución de la normativa vigente.

Minuth recordó que la ordenanza aprobada en 2022 fijó una fecha límite de cierre del CRUM en diciembre de 2023, pero advirtió que “ese compromiso no se ha cumplido” y que aún no se recibieron las respuestas oficiales a los pedidos de informe sobre la gestión del predio y el contrato con la empresa Rowing S.A., encargada de proveer la maquinaria para el manejo del sitio.

El Ejecutivo Municipal, mediante la Resolución 2022/2025, prorrogó dicho contrato hasta marzo de 2026, con un costo mensual de 165 millones de pesos, bajo el argumento de prevenir incendios y mitigar riesgos ambientales. Sin embargo, la empresa aclaró ante la Defensoría que no tiene responsabilidad en la planificación ni en el uso de los equipos, funciones que corresponden exclusivamente al Municipio.

Durante la jornada, las Juntas Vecinales, la ARB y las organizaciones sociales presentes denunciaron el deterioro del predio, la afectación a la salud de las familias del entorno y la falta de acciones estructurales que permitan avanzar hacia una gestión ambiental sustentable.

La Asociación de Recicladores Bariloche expuso además las dificultades para desarrollar su tarea, debido a la ausencia de un sistema de recolección diferenciada y la inexistencia de puntos verdes que faciliten la clasificación en origen, reclamando mayor control y transparencia en el uso de los fondos públicos.

Como resultado del encuentro, los participantes acordaron reforzar el pedido de información al Ejecutivo, exigir precisiones sobre las partidas presupuestarias 2026 vinculadas al cierre del predio y dar seguimiento a los contratos vigentes. También plantearon la necesidad de analizar destinos alternativos para los residuos en la región y de involucrar a organismos provinciales y nacionales para fortalecer la articulación institucional.

Finalmente, la Mesa se comprometió a acompañar a la Asociación de Recicladores Bariloche en su reclamo por mejores condiciones laborales y su inclusión plena en un esquema integral de gestión de residuos.

“Bariloche necesita avanzar hacia un modelo de gestión ambientalmente sostenible y cumplir con los compromisos asumidos. La situación del Vertedero no puede seguir esperando”, expresaron desde la Defensoría del Pueblo. (ANB)