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La Justicia Federal de General Roca resolvió a favor de Río Negro en la causa por el abandono de la Ruta Nacional 151, haciendo lugar al amparo colectivo presentado por el Gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales.
La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a presentar un plan de acción en un plazo de 10 días y comenzar los trabajos de reparación dentro de los próximos 90 días. Además, deberá garantizar el cumplimiento de las obras en un lapso máximo de seis meses desde la resolución judicial.
El fallo reconoce el derecho colectivo a la seguridad vial y responsabiliza a Vialidad Nacional por el incumplimiento de su deber de conservación, ordenando un plan integral de mantenimiento de la calzada en los tramos rionegrinos.
El gobernador Alberto Weretilneck celebró la decisión judicial y destacó el valor del reclamo sostenido durante años.
“Teníamos razón. Lo dijimos desde el primer día: no era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva”, expresó.
El mandatario agregó que “cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo. Esta sentencia nos da la razón y nos compromete aún más a seguir reclamando por la seguridad y la vida de nuestra gente”.
La presentación judicial, elaborada por la Fiscalía de Estado de Río Negro, expuso el estado calamitoso de los 150 kilómetros que atraviesan la provincia entre Cipolletti y el límite con La Pampa.
El amparo incluyó relevamientos y pruebas que mostraron el riesgo cotidiano para miles de usuarios, entre ellos más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas, además del impacto negativo en sectores clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El fallo ratifica que el deterioro de la Ruta 151 afecta directamente a la actividad económica y a la seguridad vial, y que la omisión de Vialidad Nacional vulneró derechos colectivos fundamentales.
El reclamo fue acompañado por intendentes municipales, cámaras empresariales y entidades productivas de toda la región, que se sumaron a la acción impulsada por el Gobierno Provincial.
Desde la Fiscalía de Estado destacaron el trabajo conjunto que permitió reunir testimonios, pericias y documentación técnica que demostraron el abandono prolongado de la traza.