La mujer que da batalla al negocio clandestino

 La subsecretaría de Fiscalización e Inspección General del municipio implementó un nuevo sistema de trabajo que permitió decomisar en los últimos siete meses más de 800 kilos de pirotecnia, 2.200 litros de bebidas alcohólicas y una gran cantidad de alimentos en mal estado, vencidos o sin rotular.

El balance fue brindado a este medio por la subsecretaria Sandra Ragusa, cuya actuación volvió a convertirse en noticia el último lunes, cuando el municipio informó sobre "el cese de actividad" impuesto sobre la panificadora de un supermercado que trabajaba con insumos vencidos.

La subsecretaría de Fiscalización fue creada por ordenanza el año pasado para rediseñar la tarea en un área clave del municipio que era objeto de fuertes críticas. La intendenta María Eugenia Martini decidió designar en el cargo a Ragusa, una abogada penalista que de inmediato elaboró un "protocolo" de actuación para detectar infractores.

La funcionaria aseguró que desde noviembre lleva realizados 44 allanamientos en lugares de venta clandestina, "y todos positivos". En su mayoría los operativos estuvieron orientados a frenar la venta de pirotecnia (que está prohibida en todas sus formas) y de bebidas alcohólicas, que requiere el pago de un canon y una habilitación especial.

Ragusa dijo que el personal disponible no aumentó (son 14 inspectores divididos en turnos) y que la eficiencia se debe a la metodología aplicada y a la colaboración que brindan la Justicia y la policía.

"Yo llevo a los juzgados penales el expediente armado, me quedo esperando al juez y no me voy hasta tener la orden firmada -explicó-. Cuando clausuramos las whiskerías llegamos a realizar 3 allanamientos simultáneos".

En su mayoría las actuaciones se originan en denuncias anónimas al teléfono 103 de Defensa Civil, aunque en la panadería del supermercado se intervino por "iniciativa de los inspectores".

Ragusa no quiso hablar de las gestiones anteriores en Inspección General, pero señaló que según todas las estadísticas la fiscalización municipal mejoró desde noviembre en forma notoria.