La UNRN se moviliza para garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

 El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE) de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) aprobó por unanimidad la Resolución 0033/2025, que instruye al rector, Mg. Anselmo Torres, a coordinar con las demás universidades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.

La resolución establece que estas acciones se realizarán conforme a los plazos y mecanismos previstos por la legislación vigente, expresando así el pleno respaldo institucional de la UNRN a los reclamos administrativos y judiciales que el sistema universitario nacional realice en defensa del financiamiento, la ciencia y la educación pública.

Asimismo, se instruye al rector a articular con las Secretarías dependientes del Rectorado, los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y las organizaciones sindicales universitarias, en el marco de las acciones conjuntas previstas a nivel nacional, para asegurar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta decisión surge a raíz de declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional sobre la presunta falta de recursos presupuestarios, pese a que la ley asegura su legalidad y sostenibilidad fiscal. La resolución también advierte sobre el vencimiento del plazo legal para la promulgación y publicación de la Ley en el Boletín Oficial, fijado para el 20 de octubre, un paso clave para la efectiva aplicación de la normativa en el sistema universitario nacional.

El Consejo reafirmó así el compromiso de la UNRN con la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, tal como lo había expresado el rector en su Carta Abierta: “No se puede articular un país justo sin universidad pública; no se puede construir soberanía sin ciencia nacional; no hay futuro sin docentes”.

Con esta resolución, la UNRN reitera su defensa de la sostenibilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino y su apoyo a políticas que garanticen condiciones dignas para la docencia, la investigación, la extensión y la gestión universitaria. (ANB)