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Los radares vuelven a las rutas rionegrinas: cuánto costarán y dónde se ubicarán

El control vial con radares vuelve a Río Negro, después de 16 años. El gobierno provincial prevé su parcial puesta en marcha en enero, por lo menos en las rutas de la costa. Para eso, deberá apurar los trámites.

Se conocieron dos ofertas en la licitación para la contratación privada del “servicio de captura, digitalización, procesamiento e impresión de notificaciones de infracciones de tránsito”. El plazo del contrato será de cinco años, con una opción de prórroga por otro año.

En Seguridad Vial afirman que el concesionario sólo proporcionará y maniobrará el sistema de radares, asegurando que la infracción recaerá en las autoridades provinciales. El equipamiento -según los pliegos- quedará en el Estado provincial con la finalización del contrato.

Se prevé controlar excesos de velocidades y el uso obligatorio de las luces bajas, cubriendo rutas nacionales y provinciales en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial. Los radares requieren habilitaciones nacionales (INTI – Comercio interior) y sus verificaciones anuales, pero su aceptación permite su uso por provincia y, también, por los municipios. Aún así, en todos los casos, es la jurisdicción provincial quien autoriza su implementación.

Dos oferentes se presentaron: la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y la empresa Detectra S.A. que ofertaron quedarse con el 48 y el 50%, respectivamente, de los importes recaudados en concepto de infracciones.

El área de Suministros está evaluando las propuestas y la documentación presentada por los oferentes y en los próximos días se realizará la preadjudicación, una vez que se cumplan todos los plazos legales.

El subsecretario de Seguridad Vial Marcelino Di Gregorio no arriesgó fecha de inicio aunque indicó que su aspiración es “llegar a enero con uno o dos móviles para poder trabajar”.

El funcionario señaló que “se está preparando un plan de concientización vial, para reforzar lo que está en marcha, sobre todo lo que significa respetar las velocidades máximas permitidas” y, también, “explicaremos cómo será el trabajo operativo en las distintas unidades policiales porque son ellos los que van a trabajar con los equipos”, en referencia al personal del área de Tránsito. La capacitación al personal policial para el uso de los nuevos aparatos también será responsabilidad de la empresa adjudicataria.

La licitación demandará una inversión privada superior a los 70 millones de pesos, que se distribuye en la compra de 8 cinemómetros (radares) fijos, 8 móviles -sin detención del infractor-, 3 móviles con detención, 6 equipos lectores de patentes, 8 controles de luces encendidas, 1 equipamiento y software para el tribunal de faltas y 11 vehículos utilitarios compatibles con el servicio a prestar y el equipamiento a instalar, exigidos en el pliego.

Entre las condiciones previstas en el llamado a licitación es necesario “implementar medidas de control de alta efectividad enfocadas básicamente a uno de los componentes más críticos de la accidentología vial que es el exceso de velocidad que, junto al manejo bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, son los causantes de más del 80% de las muertes en hechos viales”.

Para el funcionamiento de este programa, además de la resolución del ganador de la licitación, está pendiente la puesta en marcha de la Justicia Administrativa de Faltas de Tránsito Provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, que tendrá a su cargo todo lo referido al juzgamiento y al cobro de las infracciones.
Cantidades y multas

- Se colocarán 11 radares, entre fijos y móviles, en diferentes puntos de la provincia para controlar velocidades y uso de luces bajas.

- Las multas por exceso de velocidad tiene un valor de 300 unidades, tomando como referencia el precio del litro de nafta Premium de YPF en Viedma.

- El futuro Tribunal de Faltas podrá establecerlas entre un valor mínimo y un máximo, siempre con la nafta como unidad de medida.

- El pago voluntario reduciría la sanción económica a la mitad.

- El Tribunal tendrá 25 días para notificar el infractor, de lo contrario la multa será nula.

- Una vez recibida la notificación, el infractor tiene cinco días para presentar el descargo que crea correspondiente.

El personal es policial y los móviles estarán identificados, todos ploteados con el logo de Seguridad Vial y de la Agencia.
Marcelino Di Gregorio , subsecretario de Seguridad Vial.

Un comienzo polémico en 1996

La utilización de radares en las rutas rionegrinas debutó en 1996 cuando la Jefatura de Policía realizó una contratación directa con la empresa Control Sur, justificando que era la única proveedora a nivel nacional, algo que después se confirmó que no era tal. Las multas le permitieron a la Policía un importante ingreso, aunque la firma se quedaba con el 60% de la recaudación.

En 1998 comenzaron las críticas. Se detectó que los aparatos utilizados no estaban autorizados y Comercio Interior de la provincia recién los habilitó 17 meses después. Más tarde, el Tribunal de Cuentas de la provincia multó al exjefe de Policía, Rubén Elosegui, y a otros integrantes de la comisión evaluadora porque interpretó que el acuerdo era desfavorable para la provincia.

En aquellos días, Di Gregorio era el Jefe de Tránsito. En marzo de 2001 se presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de los radares porque “sólo se trata de un negocio privado y que nada tiene que ver con la seguridad vial”, que fue aprobado en 2003.
La provincia será la responsable de informar las infracciones

Marcelino Di Gregorio, el responsable del área de Seguridad Vial de Río Negro, asegura que la facultad de la concesionaria se vinculará exclusivamente a “todo el procesamiento digital” y que las infracciones serán firmadas y despachadas por la provincia. En diálogo con “Río Negro”, el funcionario señaló que “los móviles los recibirá la Agencia y se entregarán a cada jefe policial de Zona”.

P:-¿La empresa que salga adjudicada sólo va a proveer el equipamiento?.

R:-Sí, sólo los equipos y los móviles. Se agregan detectores de luces y los lectores de patentes para identificar los vehículos que se mueven dentro de la provincia.

P- ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa?.

R- Tiene que hacer todo el procesamiento digital, viene a la Agencia y nosotros firmamos las eventuales actas de infracciones y las despachamos.

P- Todavía no está formado el Tribunal de Falta, ¿qué falta?

R- Se está creando en el ámbito de la Secretaría de Seguridad el Tribunal de Falta Administrativo que todavía no está formado porque por ahora el juzgamiento recae en el Departamento de Tránsito de la Policía. Pero está a la firma del Ministro. Va a tener su sede en Viedma, con cuatro secretarías para que cada una atienda una región de la provincia. Queremos que en marzo, a más tardar, el Tribunal Administrativo esté en funcionamiento.

P-¿Está definido dónde se colocarán los radares fijos?

R:-Tenemos que estudiar los lugares donde se van a colocar los cuatro puestos fijos, seguramente donde tenemos registrados la mayor cantidad de accidentes. Serán fijos y se moverán una vez al año.

P:-Hay radares municipales. ¿Qué ocurrirá con ellos?

R:-Es la provincia quien tiene la facultad de autorizarlos, tanto en rutas nacionales y en las provinciales. Existe un protocolo de uso, que está a la firma, y que la provincia también va a tener que cumplir. Hoy ningún radar está habilitado, excepto el de Dina Huapi.


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