Neuquén habilitó las apps de transporte mientras crece la presión en Bariloche

 Neuquén se convirtió en una de las primeras ciudades patagónicas en habilitar oficialmente el uso de plataformas tecnológicas de transporte privado como Uber, Cabify y Didi. La decisión se tomó este jueves en el Concejo Deliberante de esa capital provincial, donde 14 concejales votaron a favor de cinco proyectos que establecen un marco legal para el funcionamiento de estas aplicaciones.

El nuevo esquema permitirá, entre otras cosas, que los actuales titulares de licencias de taxis y remises puedan operar también mediante las plataformas digitales, bajo condiciones diferenciadas según el tipo de prestador. Se trata de un paso significativo en la formalización de un fenómeno que ya opera de hecho en muchas ciudades del país y del mundo.

En contrapartida, la situación en Bariloche sigue sin resolverse. Aunque las aplicaciones funcionan desde hace tiempo, lo hacen por fuera del marco legal. Años atrás, bajo la gestión del entonces intendente Gustavo Gennuso, se dictó una resolución que prohíbe explícitamente el funcionamiento de este tipo de servicios. Pese a ello, las aplicaciones nunca dejaron de operar. Esto generó una situación ambigua: choferes sancionados, operativos de control irregulares y, sobre todo, una fuerte división entre los actores del sector.

Con la llegada del actual intendente, Walter Cortés, se abrió una expectativa de cambio. El concejal del oficialismo, Tomás Hercigonja, presentó un proyecto que prometía debatir la regulación de estas plataformas. Sin embargo, hasta ahora no se avanzó con las modificaciones que habían sido solicitadas desde distintos bloques. La resolución que prohíbe las aplicaciones continúa vigente y la discusión legislativa está paralizada.

El debate se intensificó este lunes, cuando unos cincuenta vehículos, entre taxis y remises, se concentraron en el Centro Cívico mientras se realizaba una sesión de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante. El objetivo fue presionar para frenar cualquier intento de legalización de las aplicaciones, a las que acusan de competencia desleal y de no cumplir con los mismos requisitos que exige la actividad regulada.

Según los choferes de taxis y remises, las plataformas no garantizan la seguridad de los pasajeros, no están fiscalizadas y, además, representan una amenaza directa a su fuente laboral. Sostienen que los nuevos actores no tributan en la Argentina y no tienen ningún tipo de control por parte de las autoridades locales.

Por su parte, los usuarios muestran una aceptación creciente. Las aplicaciones ofrecen tarifas competitivas, disponibilidad y facilidad de uso, razones por las cuales una gran parte de la población barilochense recurre a ellas, aunque su funcionamiento no esté autorizado.

En casi todas las capitales del país, las aplicaciones fueron incorporadas al sistema de transporte, a veces con resistencia, pero finalmente bajo regulación. Neuquén es el último ejemplo.

En este escenario, Bariloche enfrenta un dilema que no solo involucra cuestiones legales, sino también sociales, tecnológicas y económicas. Mientras los actores tradicionales defienden su lugar en el mercado y exigen condiciones justas, los nuevos conductores reclaman el derecho a trabajar y los usuarios eligen lo que les resulta más conveniente.