Por una resolución nacional declaran nula la compra de tierras en Lago Escondido

 El Ministerio del Interior de la República Argentina declaró nulas las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la sociedad Hidden Lake SA del empresario Joe Lewis. Estas autorizaciones estaban relacionadas con la compra de tierras en Zona de Seguridad de Fronteras, específicamente en Lago Escondido.

La decisión fue tomada considerando las presuntas irregularidades en los controles de compra y venta de tierras a extranjeros en estas áreas. El expediente que condujo a esta resolución fue iniciado a raíz de un oficio enviado al Ministro del Interior por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, quien puso en conocimiento la presentación efectuada por los abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo, en representación de María Magdalena Odarda.

El Ministerio del Interior basó su decisión en el artículo 14 de la Ley N.° 19.549, que establece que un acto administrativo es nulo en casos de error esencial, dolo, violencia o simulación absoluta.

Según la resolución, las autorizaciones otorgadas contenían vicios en sus elementos esenciales, tanto en la causa como en la motivación, lo que las hace ilegales. Además, la Inspección General de Justicia concluyó que Hidden Lake SA era nula desde su origen debido a un acto simulado y abuso de derecho.

"El artículo 42 de la Ley N.° 23.554, declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos", reza el documento. Asimismo se establece que la "Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejercerá en las zonas de seguridad la facultad de ejercer la policía de radicación", además de acordar o denegar las autorizaciones correspondientes en cuanto a la posesión o tenencia de inmuebles.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior fue instruida para iniciar una acción judicial de lesividad contra Hidden Lake SA, con el objetivo de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones otorgadas a la sociedad. Esta resolución busca velar por la legalidad de los actos administrativos y asegurar que los actos ilegales sean declarados nulos de nulidad absoluta e insanable.