Preocupación en Río Negro por el recorte de subsidios al régimen de Zona Fría

 El recorte de subsidios dispuesto por el Gobierno nacional al régimen de Zona Fría encendió alarmas en la región patagónica, donde más de 150.000 usuarios dejarán de recibir el beneficio completo que les permitía afrontar el alto costo del gas en contextos climáticos extremos.

La medida implica una reducción del 50% al 30% en los descuentos sobre las tarifas de gas para aquellos casos en los que se detectaron múltiples medidores a nombre de un mismo titular.

Sin embargo, sectores políticos y sociales advirtieron que esta resolución no contempla adecuadamente las realidades particulares de cada hogar, y que podría traducirse en un golpe directo al bolsillo de los sectores más humildes.

En ese sentido, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda expresó su repudio a la decisión, señalando que “en vez de analizar caso por caso las supuestas irregularidades, la motosierra pasa para todos por igual, sin distinguir ni contemplar el impacto social que esto genera”.

Desde la bancada que integra la legisladora se cuestiona que no se esté respetando el espíritu original del régimen de Zona Fría, creado con el objetivo de garantizar el acceso a un derecho básico como la energía, en zonas donde las condiciones climáticas agravan las situaciones de vulnerabilidad.

En este contexto, Odarda recordó que la semana pasada presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto para declarar la emergencia energética en la provincia, y pidió su urgente tratamiento. “Estamos frente a una política de ajuste sin sensibilidad social, que desconoce las realidades particulares de cada hogar patagónico. No se puede castigar a todos por igual sin dar lugar a la revisión individual de los casos”, subrayó.

El régimen de Zona Fría fue establecido por la Ley 25.565 en 2002 y ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, beneficiando actualmente a más de 4,3 millones de usuarios en distintas regiones del país, entre ellas Río Negro, una de las más favorecidas por esta política pública que ahora podría verse seriamente limitada.

Finalmente, la legisladora concluyó: “El acceso a la energía es un derecho humano, no un privilegio. Por eso insistimos en proteger a nuestras comunidades de decisiones que profundizan la desigualdad”. (ANB)