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Promueven demanda a VIARSE por daños derivados de un accidente de tránsito
Viedma/Bariloche (ADN).- Dos personas radicadas en la Capital Federal promovieron demanda contra la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), que dirige Miguel Pedranti, para obtener el pago de los daños y perjuicios presuntamente derivados de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional N° 237 debido, según propio criterio, a la falta de iluminación y señalización y responsabilizaron a la provincia por ser la titular de la ruta (avenida Bustillo) donde ocurrió el siniestro.
Ahora, la Justicia provincial podría atribuir la competencia para entender en las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería de San Carlos de Bariloche que resulte del sorteo a practicarse por la Cámara respectiva.
Según constancias judiciales, la acción fue formulada por Dora Alicia Di Giácomo y Alfredo Antonio Ojeda, domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que responsabilizaron a la provincia con fundamento en la Ley 2135, que aprobó el convenio con Vialidad Nacional por el cual ese organismo le transfirió el tramo que abarca desde el aeropuerto internacional de Bariloche hasta el límite con Chile.
Además, atribuyeron responsabilidad a VIARSE, que actualmente tiene a su cargo la planificación, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración, por concesión, de toda la red vial.
Por este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló declarando su incompetencia para entender en forma originaria en este juicio, remitiendo a lo ya considerado y decidido en la causa "Kinan, Alfredo Hugo y otros contra San Luis, provincia de sobre daños y perjuicios", el 4.07.2006, cuyos fundamentos remiten a la doctrina sentada en la causa "Barreto” ya aplicada en distintas oportunidades.
El mismo Tribunal nacional -en éste, como en otros casos- se ha declarado incompetente para entender en forma originaria en causas como ésta, enviando las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para la asignación correspondiente.
Oficialmente, se mencionó que los hechos denunciados habrían ocurrido en la avenida Ezequiel Bustillo, a la altura del kilómetro 3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial.
Entre otras consideraciones, la procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini, dictaminó que debe atribuírsele la competencia para entender en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería de San Carlos de Bariloche. (ADN)
Ahora, la Justicia provincial podría atribuir la competencia para entender en las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería de San Carlos de Bariloche que resulte del sorteo a practicarse por la Cámara respectiva.
Según constancias judiciales, la acción fue formulada por Dora Alicia Di Giácomo y Alfredo Antonio Ojeda, domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que responsabilizaron a la provincia con fundamento en la Ley 2135, que aprobó el convenio con Vialidad Nacional por el cual ese organismo le transfirió el tramo que abarca desde el aeropuerto internacional de Bariloche hasta el límite con Chile.
Además, atribuyeron responsabilidad a VIARSE, que actualmente tiene a su cargo la planificación, ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración, por concesión, de toda la red vial.
Por este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló declarando su incompetencia para entender en forma originaria en este juicio, remitiendo a lo ya considerado y decidido en la causa "Kinan, Alfredo Hugo y otros contra San Luis, provincia de sobre daños y perjuicios", el 4.07.2006, cuyos fundamentos remiten a la doctrina sentada en la causa "Barreto” ya aplicada en distintas oportunidades.
El mismo Tribunal nacional -en éste, como en otros casos- se ha declarado incompetente para entender en forma originaria en causas como ésta, enviando las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para la asignación correspondiente.
Oficialmente, se mencionó que los hechos denunciados habrían ocurrido en la avenida Ezequiel Bustillo, a la altura del kilómetro 3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial.
Entre otras consideraciones, la procuradora general del Poder Judicial, Liliana Piccinini, dictaminó que debe atribuírsele la competencia para entender en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería de San Carlos de Bariloche. (ADN)
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