¿Qué dice la propuesta de la oposición que busca cerrar el Vertedero?

 Ingresó al tratamiento legislativo, el proyecto de ordenanza del Frente de Todos (Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreyra), que apunta a disponer el cierre definitivo del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, con fecha límite el 4 de diciembre de 2023, conforme el plazo establecido por la Ley Provincial 5491.

En la sesión del pasado jueves, los ediles del Frente de Todos y Pablo Chamatrópulos (Podemos), solicitaron su urgente tratamiento en la próxima sesión, pero el oficialismo no convalidó esta petición.

Si eso sucede, el predio actual del CRUM deberá ser remediado y parquizado conforme las disposiciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, aprobado por la Ordenanza 2062 del año 2010.

Las instalaciones y lotes disponibles en el predio actual, deberán ser destinados a procesamiento, clasificación y agregado de valor a los residuos sólidos urbanos y recuperados a tal fin, con la debida participación de la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB).

El proyecto señala además, que en caso de aprobarse, se encomendará al Departamento Ejecutivo, a que en el plazo de 60 días corridos, realice un informe al Concejo Municipal sobre alternativas de localización de un nuevo sitio de disposición final alternativo. A partir de allí, el Deliberante deberá dar preferencia a su tratamiento y resolver por la alternativa más adecuada en un plazo máximo de 90 días corridos contados a partir de la presentación del informe.

Asimismo, se encomienda al Departamento Ejecutivo a que en el plazo máximo de 180 días corridos desde la promulgación de la normativa a que inicie las obras de adecuación del nuevo sitio de disposición final.

Se le requiere al Gobierno, que presente al Concejo Municipal, alternativas de financiamiento público o privadas para su tratamiento y aprobación, gestionar adelantos de coparticipación, con autorización del Concejo, gestionar fondos reintegrables o no reintegrables ante autoridades, provinciales, nacionales y organismos internacionales, con autorización del cuerpo legislativo y gestionar cualquier otra forma de financiamiento que permita cumplir con los objetivos planteados en la iniciativa.