¿Qué pasa con la RTO y el seguro del auto tras el nuevo DNU?

 El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial generó un debate sobre los requisitos necesarios para circular con vehículos registrables, sembrando dudas sobre la necesidad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el certificado de seguro obligatorio.

Las reformas introducidas en el sistema registral de automotores y motos trajeron consigo una modificación en los requisitos para circular en las vías públicas. A diferencia del régimen previo, que exigía únicamente la cédula verde, licencia de conducir y patente, el nuevo artículo 361 del DNU no hace referencia ni a la RTO ni al seguro vigente, enfocándose solo en el pago de la última patente del vehículo.

Esta omisión desató confusión, pues parece mezclar una reforma en el sistema registral automotor con lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito, donde se enfatiza la obligatoriedad del seguro y la RTO para circular.

El DNU reemplaza el artículo 22 del Decreto-Ley N.º 6582/58 ratificado por la Ley N.° 14.467 (t.o. 1997) y sus modificatorias. Sin embargo, la modificación parece limitarse a la entrega digital de cédulas de identificación, manteniendo prácticamente inalterado el contenido original.

A pesar de la redacción del DNU, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece claramente la obligatoriedad del seguro de Responsabilidad Civil para todos los automotores y motos. Además, la Revisión Técnica Obligatoria es un requisito fundamental para la circulación, según lo establecido en su artículo 68.

La ausencia de mención explícita de estos elementos esenciales en el DNU desencadenó preocupación, especialmente en lo que respecta a la protección de las víctimas en casos de accidentes viales, donde la falta de seguro dejaría desamparados a los afectados.

Aunque se espera la aprobación del decreto por parte del gobierno, es imperativo aclarar antes de su entrada en vigencia que la obligatoriedad del seguro y la RTO deberían mantenerse, ya que están contemplados en la Ley Nacional de Tránsito y no forman parte de la modificación al sistema registral que se busca implementar. (ANB)