Revés para el Municipio: deberá pagar cuotas de 12 millones de pesos por no cumplir con los colectivos adaptados

 El referente de CreArte, Luis Suero, informó que tras haber salido favorable el amparo presentado en 2016 respecto a la necesidad de contar con unidades de colectivo adaptadas para personas con discapacidad se pidió la ejecución, tras varias instancias de negociación fallidas. Según informó, la municipalidad deberá abonar 12 millones cada 4 meses hasta que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y precisó que a esta altura ya el 100 por ciento de las unidades deberían ser accesibles.

En 2016 un grupo de vecinos presentó un amparo colectivo que años más tarde resultó favorable respecto al cumplimiento del contrato para contar con unidades de transporte accesibles. Sin embargo, a pesar de las promesas y distintas instancias de negociación, no se alcanzó lo exigido en la sentencia y las organizaciones que presentaron el amparo, cansadas de la falta de respuestas, pidieron la ejecución de la sentencia.

Suero indicó que a esta altura "tendrían que ser todas las unidades de piso bajo y accesible" y agregó que también la Municipalidad había propuesto hacer garitas accesibles y "las garitas que hicieron no fueron accesibles ni siguieron el proyecto presentado al juez, pagaron un proyecto que después no usaron".

Señaló que van a apelar para pedir que la pena sea mayor y no sea la Municipalidad sino el intendente Gustavo Gennuso y la jefa de Gabinete Marcela González Abdala quienes abonen la multa. Además, explicó que el dinero que se pague irá a las arcas de la Provincia. "Queremos cambiar, va a un fondo fiduciario que tiene Provincia para amparos, que se dirige a algo de Medio Ambiente, no queda claro; pedimos que esa multa vaya para programas para personas con discapacidad o el Consejo de Personas con Discapacidad", explicó.

Oportunamente los amparistas promovieron la acción reclamando que la empresa contratada de modo directo cumpla la obligación de el pliego de licitación de contar con un 30 por ciento de unidades aptas para personas con movilidad reducida.

El fallo ordenaba incorporar unidades con piso bajo con rampa o piso convencional adaptado con elevador de sillas de ruedas, disponer de pulsadores de detención en distintos sitios y alturas en el interior de la unidad y sumar un sistema de asiento abatible o retráctil.